La Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM) formalizó un pedido de inconstitucionalidad contra la reforma laboral. La iniciativa judicial se suma a las presentaciones de la CGT, los pilotos de APLA y los estatales de Neuquén en un intento de frenar los efectos de la nueva norma.
La batalla por la reforma laboral se trasladó definitivamente a los tribunales federales, tras su aprobación en el Congreso. En las últimas horas, la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM) se sumó a las entidades sindicales que apuestan por frenar los efectos de la nueva normativa a través de la Justicia, y presentó una acción de amparo solicitando la inconstitucionalidad de la Ley.
La presentación del gremio de visitadores médicos impugna el núcleo de la reforma por considerarla lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales que protegen a los trabajadores frente al poder del empleador. Con este paso, el sindicato se acopla a una estrategia planteada por la CGT para intentar suspender la aplicación de la norma.
En paralelo, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) también hizo un petitorio en la Justicia y explicó que su estrategia judicial hace foco en la afectación de los derechos colectivos. Según el gremio conducido por Pablo Biró, la reforma contiene una «manifiesta inconstitucionalidad» al limitar el derecho a huelga y la realización de asambleas, pilares de la actividad aerocomercial y sindical.
Por su parte, la presentación de ATE Neuquén aportó una mirada federal y crítica sobre el espíritu de la norma. El secretario general provincial, Carlos Quintriqueo, fundamentó el pedido de inconstitucionalidad señalando que la ley actual es una reedición de puntos ya invalidados judicialmente en el DNU 70/2023.
En Neuquén, donde el 100% de los estatales están convencionados, la reforma debilita las negociaciones colectivas y las facultades de los ministerios de trabajo locales. El dirigente también lanzó una fuerte crítica a las conducciones gremiales nacionales por una supuesta «pasividad» que obligó a trasladar a los estrados judiciales una discusión que, a su criterio, debió saldarse con mayor presencia en la calle.
