En una sesión que tenía como único objeto el tratamiento del pedido ambiental, los 18 representantes municipales del Concejo Deliberante hicieron oficial la declaración de emergencia sanitaria en San Miguel de Tucumán. La intendenta Rossana Chahla atenderá, con esto, tres asuntos importantes: basurales, canales y espacios verdes.
El encuentro en el recinto tuvo como foco de debate los causales de la declaración de emergencia sanitaria y ambiental solicitada por el Ejecutivo municipal en diciembre del año pasado, que -aseguraron- no estaban del todo contemplados en los primeros dos proyectos que elaboró la Municipalidad.
Es por eso que se abocaron cuatro comisiones al análisis y reformulación del escrito: Salud, Medio Ambiente, Peticiones y Hacienda. Así, se determinó aprobar la emergencia sanitaria por un año con el fin de superar la crisis en materia de basurales a cielo abierto, la acumulación y descomposición de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en canales y el mantenimiento de espacios verdes.
Además, se habilita a la Intendencia a prorrogar por el plazo de 12 meses el contrato de la prestación de los servicios de recolección de residuos, lo cual fue uno de los temas de mayor relevancia en la presentación de este proyecto.
El acuerdo actual con la empresa 9 de Julio vence en los últimos días de febrero, por lo que no quedaba tiempo para presentar los pliegos para el llamado a licitación pública. Sin embargo, los ediles exigen con esta ordenanza que se presenten los documentos requeridos en el plazo de la emergencia.
Asimismo, se plantea que el Departamento Ejecutivo municipal diseñe un plan estratégico de erradicación de basurales a cielo abierto, limpieza de canales y mantenimiento de espacios verdes dentro de los 30 días siguientes a la promulgación de la ordenanza.
Durante la sesión, el edil radical Leandro Argañaraz propuso que, entre los objetivos de aquel plan, se incorpore la restauración integral de los cementerios municipales por “la crisis profunda y el deterioro” que atraviesan. Esta moción fue aprobada por los presentes.
La Intendenta deberá implementar de manera automática el plan de acción; esa fue otra de las modificaciones del cuerpo legislativo municipal. En el escrito original, debía pasar por una previa aprobación del Concejo. “No queremos ser un argumento para que se dificulte la inmediata puesta en marcha de las acciones de emergencia”, determinó José María Canelada.
Por último, se establece la creación de una comisión especial que podrá hacer sugerencias al Ejecutivo municipal y también funcionará como órgano de control que estudiará, cada tres meses, los informes enviados por la Intendencia acerca de los avances de la implementación del plan de emergencia.
Fuente: LG
