El presidente Javier Milei oficializó la designación en comisión de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La medida, tomada por decreto, regirá hasta la finalización del próximo período legislativo.
Una designación sin el aval del Senado
El Gobierno nacional justificó la decisión en la necesidad de “normalizar el funcionamiento del máximo tribunal”, argumentando que, con solo tres ministros, la Corte no puede operar con normalidad. En un comunicado oficial, Presidencia sostuvo que el Senado ha demorado el tratamiento de los pliegos de Lijo y García Mansilla, lo que llevó a Milei a avanzar con su nombramiento a través del mecanismo previsto en el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional.
“La Constitución establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos”, remarcó el comunicado.
Los antecedentes del proceso
El 20 de marzo de 2024, el Ejecutivo envió al Senado los pliegos de Lijo y García Mansilla, iniciando el proceso formal de nominación. Tras la publicación de sus antecedentes en el Boletín Oficial el 15 de abril, se realizaron audiencias públicas en agosto, dejando a ambos candidatos en condiciones de ser sometidos a votación en la Cámara Alta. Sin embargo, sus pliegos no fueron tratados ni en sesiones ordinarias ni en el período extraordinario convocado por el Gobierno.
Ante la falta de tratamiento en el Congreso, el Ejecutivo recurrió a la designación en comisión, un mecanismo excepcional utilizado en otras ocasiones, como en 2015, cuando Mauricio Macri nombró de manera transitoria a los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
Repercusiones y debate político
La decisión generó críticas desde distintos sectores políticos y jurídicos. Mientras que el Gobierno argumenta que el Senado está bloqueando las designaciones por motivos políticos, la oposición cuestiona la validez del procedimiento y la falta de consenso para integrar el máximo tribunal.
La medida se da en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, y abre la puerta a posibles impugnaciones legales o futuras revisiones del proceso de nombramiento de jueces en la Corte Suprema.
