El diputado nacional denuncia una distribución desigual de los recursos del Pacto Social y llama a una reforma para garantizar la transparencia y justicia en la administración provincial.
El diputado nacional Mariano Campero ha realizado fuertes acusaciones contra el gobierno de Tucumán, liderado por el gobernador Osvaldo Jaldo, en relación con la distribución de los fondos del Pacto Social. Campero sostiene que la administración de Jaldo está favoreciendo a municipios aliados, particularmente a La Banda del Río Salí, al otorgarles una cantidad desproporcionada de recursos.
“Jaldo miente. Dice cualquier cosa para no decir la verdad: que La Banda del Río Salí recibe más del doble de los recursos que le corresponden”, afirmó Campero, criticando la gestión de los fondos provinciales y señalando que Jaldo maneja estos recursos de manera arbitraria, como si fueran propios. Campero subrayó que esta situación va en contra de los principios de equidad que se esperaría del gobierno provincial.
El ex intendente de Yerba Buena cuestionó el manejo actual de los fondos, que, según él, ha resultado en una distribución injusta. “El gobierno está premiando a los que no cumplieron con los objetivos del Pacto Social, mientras que aquellos municipios que sí cumplieron con las normas reciben menos recursos”, destacó. Campero también mencionó que La Banda del Río Salí ha aumentado su plantilla de empleados públicos en los últimos años, lo que contribuye a su mayor asignación de fondos.
En respuesta a lo que considera una gestión errática y poco transparente, Campero ha propuesto una reforma constitucional para resolver estos problemas. “Necesitamos una constitución que garantice el desarrollo de la provincia, que asegure la autonomía de los municipios y que establezca reglas claras para la distribución de los fondos”, declaró.
El diputado enfatizó que esta reforma debe abordar varios aspectos críticos, incluyendo la transparencia en la administración pública, la protección del medio ambiente y el saneamiento de ríos. “Es fundamental que el gobierno deje de beneficiar a sus aliados políticos y comience a trabajar en beneficio de todos los tucumanos”, concluyó Campero, haciendo un llamado a un cambio estructural en la administración provincial.
Esta declaración resalta las crecientes tensiones en la política provincial y la urgencia de una revisión en la manera en que se manejan los fondos públicos en Tucumán.
