Este miércoles, la Cámara de Diputados llevará a cabo un crucial debate legislativo sobre el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, firmada por Javier Milei, en medio de un tenso escenario político. A una semana de la segunda Marcha Federal Universitaria, que congregó a miles de estudiantes y docentes en todo el país, el Gobierno busca sostener el veto a la ley, mientras la oposición, junto con algunos sectores universitarios y gremios, intentan revertirlo en una sesión especial.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, continúa hasta las últimas horas negociando para obtener los votos necesarios que permitan al oficialismo ratificar el veto presidencial. La sesión, programada para las 11:00, se prevé reñida, ya que los números entre quienes apoyan la insistencia en la ley y los que respaldan el veto están muy ajustados, generando un clima de incertidumbre en todos los bloques.
El bloque oficialista, liderado por La Libertad Avanza, cuenta con el respaldo de al menos 80 votos, aunque el objetivo del Gobierno es llegar a los 84 para asegurar el veto. Por otro lado, la oposición necesita sumar 160 votos para alcanzar los dos tercios necesarios y anular la decisión de Milei.
Los votos clave y las tensiones internas
La composición de los bloques parlamentarios será determinante en el resultado de la votación. La oposición, conformada principalmente por los 99 diputados de Unión por la Patria, 27 de la UCR, 14 de Encuentro Federal, 13 de la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, suma inicialmente 160 votos. Sin embargo, la postura de algunos legisladores genera incertidumbre.
En el bloque radical, varios diputados que apoyaron el veto de la movilidad jubilatoria, como Luis Picat, José Tournier, Martín Arjol y Mariano Campero, mantendrán su postura a favor del veto, reduciendo el número de votos a favor de la insistencia. Otros como Fernando Carbajal se ausentarán, mientras que Pablo Cervi optará por la abstención, lo que podría favorecer al oficialismo.
Por su parte, los diputados de La Libertad Avanza, liderados por Milei, cuentan con 39 votos propios. A estos se sumarían 33 del PRO, junto a algunos legisladores de CREO y del MID, conformando un bloque que ronda los 80 votos. Sin embargo, la ausencia de Oscar Zago, jefe del bloque del MID, quien se encuentra de viaje, podría afectar la estrategia del oficialismo. A pesar de ello, los otros dos integrantes del MID, Eduardo Falcone y María Ibáñez, estarán presentes y votarán a favor del veto.
Además, hay un grupo de 11 a 13 diputados que aún no han definido su voto y concentran la mayor atención. Entre ellos se encuentran tres del bloque Independencia de Tucumán, alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo, y dos de San Juan, que responden al gobernador Marcelo Orrego. Estos diputados serán clave para determinar el resultado de la votación. Se especula que la mayoría de ellos podrían alinearse con el oficialismo.
El contexto del conflicto: veto y financiamiento universitario
El veto presidencial, firmado por Javier Milei el 3 de octubre, se produjo solo un día después de la masiva marcha universitaria, en la que diversos sectores académicos reclamaron por mayor presupuesto y mejoras salariales para el sistema universitario. La ley vetada incluía una actualización del presupuesto basada en la inflación del año anterior y una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El Gobierno justificó el veto argumentando que la ley afectaría el equilibrio fiscal y no contemplaba las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación. Según el decreto 879/2024, la medida generaría un impacto fiscal de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI).
En respuesta, la oposición y los gremios universitarios han mantenido su rechazo al veto, argumentando que la ley es necesaria para garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades nacionales y asegurar una mejora en los salarios del personal docente y no docente. Desde el sector académico, se advierte que la falta de financiamiento pone en riesgo la calidad de la educación y el acceso a la universidad pública.
La estrategia del Gobierno: aumentos salariales y diálogo
En medio del conflicto, el Gobierno intentó acercar posiciones con los gremios docentes, anunciando un aumento del 6,8% para el personal universitario, que se suma al 1% previamente acordado. Este aumento, según el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, busca mejorar las condiciones salariales de docentes y no docentes, equiparándolos con los sueldos del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Además, se activará la Garantía Salarial Docente, estableciendo un sueldo mínimo de $420.000 para los docentes de las categorías más bajas.
Sin embargo, a pesar del anuncio, los gremios universitarios siguen reclamando una mejora mayor y aseguran que el aumento es insuficiente para cubrir la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años.
Si la Cámara de Diputados no logra los dos tercios necesarios para anular el veto, la discusión se trasladará al Senado, donde el Gobierno enfrenta un escenario más complicado. En la Cámara Alta, los representantes del oficialismo tendrán que buscar el respaldo de otros bloques para sostener el veto, aunque hasta el momento las negociaciones no han comenzado oficialmente.
Mientras tanto, el conflicto sigue escalando, con manifestaciones y movilizaciones por parte de estudiantes y docentes que exigen la aprobación de la ley de financiamiento universitario y rechazan las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno de Javier Milei.
