Nicolás Maduro, el dirigente venezolano depuesto que el lunes se declaró no culpable de cargos federales ante un tribunal de Manhattan, insistió en que no era un acusado penal común, sino un “prisionero de guerra”.
Maduro estaba enviando un mensaje contundente: que la incursión de las fuerzas especiales en su complejo en Venezuela el sábado no fue una operación para aplicar la ley, como ha argumentado el gobierno de Donald Trump, sino una acción militar.
Él ha sido acusado de narcoterrorismo y de conspiración para importar cocaína. El lunes, mientras era procesado por el juez que supervisa el caso, Alvin Hellerstein, Maduro insistió en que era el presidente de Venezuela y afirmó que había sido “secuestrado”.
Maduro no es el primer acusado penal que hace tal afirmación, y es probable que tenga poca repercusión en su caso, dijo Daniel Richman, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia, quien trabajó como fiscal federal en Manhattan.
Si una persona es prisionera de guerra, el derecho internacional y la Convención de Ginebra dictan su trato, dijo Richman.
Un prisionero de guerra es un combatiente legal –incluidos los miembros de las fuerzas armadas, la milicia o los cuerpos de voluntarios– que es capturado y detenido durante un conflicto. No enfrentan juicios por el mero hecho de ser miembros de una fuerza hostil.
Según la Convención de Ginebra, un prisionero de guerra, al ser interrogado, “está obligado a dar solo sus apellidos, nombres y rango, fecha de nacimiento y número de ejército, regimiento, personal o de serie o, en su defecto, información equivalente”.
Aunque los movimientos de un prisionero de guerra pueden ser limitados, no puede ser confinado en un espacio estrecho, a menos que sea necesario por su seguridad, según la convención.
