En una mesa panel organizada en la UNSTA, funcionarios, juristas y representantes sociales coincidieron en la urgencia de aprobar una ley que garantice el derecho a saber
Tucumán sigue siendo una de las pocas provincias argentinas que no cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública. Pero este martes 6 de mayo, un paso importante se dio en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), donde se desarrolló una Mesa Panel bajo el título “Construyendo la Transparencia: el futuro en el acceso a la información pública, en el Proyecto de la Ley”, con la participación de actores clave del ámbito legislativo, jurídico y social.
Un debate necesario y pendiente
El evento fue organizado por la Mesa de Diálogo Tucumán y la Pastoral Social Arquidiocesana, y reunió a una mesa de panelistas integrada por el legislador Gerónimo Vargas Aignase; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el presidente del Colegio de Abogados, Alberto López Domínguez; y la constitucionalista Carmen Fontán, del equipo jurídico de la Mesa de Diálogo. La moderación estuvo a cargo del periodista Fernando Stanich.
El objetivo del encuentro fue analizar, desde diversas perspectivas, los dos proyectos de ley presentados en la Legislatura tucumana: uno impulsado por el Poder Ejecutivo provincial y otro elaborado por el equipo jurídico de la Mesa de Diálogo. La concurrencia superó la capacidad del auditorio, señal clara del interés ciudadano por una norma largamente postergada.
Un compromiso con plazos definidos
Durante su intervención, el legislador Vargas Aignase se comprometió públicamente a que la ley será tratada y aprobada “a fin de este año o, a más tardar, en los primeros meses de 2026”. Señaló que la existencia de una norma de acceso a la información pública “es vital para afianzar la transparencia en el ejercicio de la función pública y para mejorar la calidad institucional de Tucumán”.
Por su parte, el Dr. López Domínguez anunció que el Colegio de Abogados se pondrá al frente del reclamo social y trabajará junto a la Mesa de Diálogo para lograr que la ley sea debatida con seriedad y sin dilaciones. “Este es un reclamo legítimo de toda la ciudadanía”, enfatizó.
Transparencia, derecho y democracia
Todos los expositores coincidieron en que el derecho a acceder a la información que generan y administran los organismos públicos no es una concesión del Estado, sino una herramienta fundamental para el control ciudadano, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción.
Tucumán es una de las tres provincias del país que aún no cuenta con esta legislación. En el resto del país, la experiencia ha demostrado que la existencia de una ley de acceso a la información es un primer paso —necesario, aunque no suficiente— para construir instituciones más abiertas, responsables y cercanas a la gente.
Mientras tanto, la sociedad civil tucumana avanza: el desafío ahora está en manos de los legisladores. La transparencia no puede seguir esperando.
