El Gobierno nacional, en conjunto con la provincia de Salta, lanzó una serie de medidas bajo el Plan Güemes con el objetivo de reforzar los controles fronterizos y combatir delitos como el contrabando y el narcotráfico. Una de las iniciativas más relevantes de este plan es la instalación de un cerco de 200 metros en el paso fronterizo entre la localidad de Aguas Blancas, Salta, y Bolivia, lo que ha generado una fuerte controversia internacional.
Un cerco para frenar el contrabando
Según informó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, esta infraestructura permitirá ordenar la migración en la frontera y dificultar el paso por zonas ilegales, que muchas veces son utilizadas para actividades delictivas. «Con esta medida queremos garantizar una migración ordenada y segura, prevenir el contrabando y el tráfico ilegal, y fortalecer la economía local», explicó el mandatario.
El Plan Güemes, que comenzó en diciembre, incluye la presencia de 310 efectivos federales desplegados en áreas clave como el Río Bermejo y la Ruta Nacional 34, conocida como la “Ruta de la Droga”. También se coordinan operativos conjuntos entre fuerzas federales y provinciales, además de trabajar con organismos judiciales como PROCUNAR y PROCELAC.
Sáenz destacó que la instalación del cerco “reduce el riesgo de incidentes y mejora la coordinación de las fuerzas de seguridad”. Además, afirmó que el financiamiento de estas obras proviene exclusivamente de fondos de la provincia de Salta.
El rol del Gobierno Nacional y Bullrich en el Plan Güemes
La implementación de este plan cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei y es liderada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Desde el inicio del programa, la Prefectura Naval Argentina (PNA) ha reforzado los patrullajes en el Río Bermejo, una zona históricamente controlada por la policía boliviana.
Bullrich sostuvo que esta iniciativa busca frenar los pasos ilegales y fortalecer la presencia del Estado en zonas críticas. “Estamos combatiendo delitos federales en puntos estratégicos de la frontera para garantizar seguridad y orden”, aseguró.
Bolivia responde: críticas y pedidos de diálogo
La decisión de cercar la frontera no fue bien recibida por el Gobierno boliviano. A través de un comunicado, la Cancillería de Bolivia expresó su preocupación y señaló que los temas fronterizos deben ser tratados mediante mecanismos de diálogo bilateral.
“Cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Además, solicitaron información oficial a través de canales diplomáticos y dejaron abierta la posibilidad de elevar el tema a organismos internacionales como la ONU y la OEA.
El ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, calificó la medida como una violación de los principios de convivencia pacífica y cuestionó el mandato de Milei: “Estas decisiones van en contra de tratados internacionales y promueven tensiones innecesarias”.
La postura del gobernador Sáenz
En medio de la polémica, Sáenz fue contundente en su respuesta: “El Gobierno argentino no tiene por qué dar explicaciones al Gobierno boliviano por algo que hacemos en nuestro país. Ellos tampoco nos dan explicaciones sobre por qué no atienden a los argentinos en sus hospitales ni tienen la misma reciprocidad que nosotros”.
Impacto del Plan Güemes
El cerco en Aguas Blancas es solo una de las medidas dentro del Plan Güemes, que busca establecer un control más estricto en las zonas fronterizas con Bolivia, históricamente conflictivas por su vinculación con el contrabando de mercaderías y el narcotráfico.
Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta clave para garantizar la seguridad, el conflicto con Bolivia pone de relieve la necesidad de abordar estos temas desde una perspectiva diplomática, sin desatender las relaciones internacionales con los países vecinos.
Con esta infraestructura, Argentina busca recuperar el control de sus fronteras, pero el debate sobre los métodos y sus implicancias internacionales recién comienza.
