En los próximos días, el Gobierno nacional oficializará una normativa que permitirá a las universidades públicas cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. Esta reglamentación, que forma parte del capítulo de educación de la Ley de Bases, busca modificar los criterios de distribución de recursos a las casas de altos estudios, contemplando la cantidad de alumnos y graduados.
La medida, impulsada por el presidente Javier Milei y gestionada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, llega en un contexto de tensiones entre el oficialismo y la oposición en torno al financiamiento universitario. Apenas días después del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo sigue adelante con la implementación de políticas que buscan reorganizar el sistema de educación superior en el país.
Aranceles a extranjeros no residentes
El punto más controvertido de la reglamentación es la habilitación para que las universidades cobren aranceles a estudiantes extranjeros no residentes, una práctica que actualmente está prohibida en el país. Sin embargo, la decisión final sobre si aplicar o no este arancel quedará en manos de cada universidad, que deberá evaluar la medida de acuerdo con sus propias políticas y circunstancias.
Al respecto, fuentes del Ministerio de Educación confirmaron que la normativa permitirá un mejor control sobre los recursos destinados a las universidades, estableciendo criterios más estrictos basados en la cantidad de alumnos activos y la tasa de graduados. Este enfoque, según el Gobierno, permitirá una distribución más equitativa de los fondos.
El anuncio generó sorpresa en varias universidades, especialmente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), que afirmó no haber sido consultada en el proceso de elaboración de la normativa. “Desde que asumió este Gobierno, no fuimos llamados a debatir sobre este tipo de medidas”, declaró el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.
Asimismo, desde la UBA señalaron que, actualmente, no admiten estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país, lo que podría limitar el impacto de la reglamentación en algunas instituciones. Otras universidades, sin embargo, manifestaron su preocupación por las posibles implicaciones del cobro a estudiantes internacionales, argumentando que esto podría desalentar el intercambio académico y reducir la diversidad estudiantil.
Ajustes en el financiamiento
Otro aspecto clave de la normativa es la modificación de los criterios de financiamiento universitario. El Gobierno planea ajustar los recursos en función de la cantidad de estudiantes que asisten a las universidades y el número de egresados que generan. Esta redistribución afectaría los presupuestos de las instituciones educativas, en un contexto en el que el Gobierno planea una reducción significativa del gasto público para el año 2025, como parte de su plan de ajuste económico.
Los gremios docentes también se manifestaron en contra de la normativa, señalando que la oferta salarial del Gobierno —del orden del 6,8%— no logra equiparar los sueldos de los trabajadores universitarios con los de otros empleados estatales, que actualmente se encuentran un 20% por encima. Este descontento llevó al fracaso de las últimas negociaciones paritarias.
Un frente de batalla en el Congreso
El debate sobre el financiamiento universitario no solo se está dando en las aulas y en las calles, sino también en el Congreso. El próximo miércoles, 9 de octubre, la Cámara de Diputados discutirá una sesión especial en la que la oposición intentará revertir el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.
Este enfrentamiento legislativo promete ser un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y las universidades, en un contexto de creciente movilización por parte de estudiantes, docentes y gremios universitarios que reclaman por una mayor inversión en educación pública y mejores condiciones salariales.
Mientras tanto, el Gobierno sigue adelante con sus planes de reforma educativa, con la expectativa de que estas medidas permitan un control más eficiente de los recursos y contribuyan a alcanzar las metas de déficit cero propuestas para el 2025.
