Este miércoles, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó un nuevo aumento en el precio del boleto de colectivos urbanos, que pasará de $690 a $950, lo que representa un incremento del 37%. La medida fue respaldada por la mayoría de los ediles, mientras que los concejales Carlos Arnedo, José María Canelada y Gustavo Cobos votaron en contra del proyecto de ordenanza.
El nuevo valor del pasaje comenzará a regir dentro de los próximos siete a diez días, una vez que sea promulgado oficialmente por la intendenta Rossana Chahla.
Los usuarios rechazan el aumento
Durante la sesión, un importante número de usuarios del transporte público se manifestó en el recinto, expresando su descontento ante la decisión de subir la tarifa. Los usuarios aseguraron que no fueron incluidos en las audiencias de debate, mientras que los empresarios y gremios del sector sí tuvieron espacio para exponer sus argumentos.
El consejero García, uno de los líderes de la protesta, comentó: «Presentamos notas en tiempo y forma, pero nunca nos recibieron. Han escuchado a los gremios y empresarios, pero a los usuarios, que son la razón de este servicio, no». . García también criticó las promesas incumplidas por parte del municipio y los empresarios en cuanto a la mejora de la calidad del servicio, indicando que el aumento de la tarifa es injustificado si no hay mejoras visibles.
Impacto en usuarios de localidades alejadas
El aumento del boleto no solo afectará a los habitantes de la capital tucumana, sino también a quienes deben viajar desde localidades más alejadas, como Trancas, Aguilares y Concepción. Para estos usuarios, el costo del transporte público podría dispararse considerablemente, lo que ha generado preocupación entre los manifestantes.
Postura de los concejales y análisis de la medida.
Alfredo Terán, concejal de Fuerza Republicana y miembro de la Comisión de Transporte, defendió la necesidad del aumento. Según explicó, la decisión se basó en un análisis de los costos operativos del servicio, que han aumentado un 40% desde la última suba en febrero de este año, debido a la inflación. Terán admitió que la medida es impopular, pero señaló que era necesaria para garantizar la continuidad del servicio.
El concejal también reconoció que la calidad del servicio de transporte público no ha mejorado como se esperaba, y que los compromisos de los empresarios no se han cumplido en su totalidad. Sin embargo, asegura que se están tomando medidas para regularizar la situación y que el Departamento Ejecutivo Municipal será clave en el control y mejora de las condiciones del transporte.
Terán destacó que se están considerando medidas para incrementar el número de unidades en circulación y mejorar la limpieza de los vehículos, como parte de un plan a corto plazo para optimizar el servicio y responder a las quejas de los usuarios.
