La Justicia investiga una presunta red de venta ilegal de tierras fiscales en la Reserva La Angostura. Durante los operativos, se secuestró documentación que comprometería a funcionarios y ex empleados estatales.
El allanamiento a la sede comunal de El Mollar y a la casa paterna del delegado Jorge Cruz fue ordenado en el marco de una investigación sobre la ocupación y venta irregular de tierras en la Reserva La Angostura, un área protegida de la provincia. La causa es llevada adelante por el fiscal Miguel Varela, quien sostiene que habría una organización dedicada a estos negocios inmobiliarios ilegales.
¿Quiénes están involucrados?
Según la investigación, el presunto líder de la maniobra sería Juan Pablo Castro, titular del «Loteo Gaucho Castro». Además, fueron señalados Fernando Rogel Chaler, Maximiliano Barreiro y Rafael Trujillo (ex funcionarios de la Subsecretaría de Regularización Dominial), Yanina Mamaní (nuera de Trujillo) y Damián Romano (nieto político de Castro).
El rol del delegado comunal Jorge Cruz quedó bajo la lupa cuando se encontraron documentos del loteo en un allanamiento en la comuna, a pesar de que él había asegurado que no existía ningún expediente sobre el proyecto. La Justicia analiza si Cruz habría recibido pagos en terrenos a cambio de permitir la urbanización ilegal.

¿Cómo se descubrió el caso?
El conflicto comenzó en octubre, cuando empleados estatales detectaron cercados ilegales en la reserva. La Policía desmontó las estructuras y la Fiscalía de Estado inició acciones legales.
En un fallo inédito, el juez José María Molina ordenó la restitución provisoria de las tierras a la Provincia, con el respaldo del Ministerio Público Fiscal. Además, se dictó una medida de «no innovar» para frenar nuevas ventas y construcciones.
¿Qué sigue en la causa?
El juez que interviene en la causa solicitó que se profundice la investigación sobre el papel del delegado comunal. Mientras tanto, fuentes oficiales indicaron que su continuidad en el cargo está en duda.
La causa sigue en curso, y la Justicia busca determinar el alcance de la red y la responsabilidad de cada uno de los involucrados en la presunta usurpación y venta fraudulenta de tierras fiscales.