El jefe municipal yerbabuenense reforzó sus críticas contra los manejos del representante alfarista, Héctor Argañaraz, al sostener que «lejos de ser transparente, manejaban el Consorcio como si fuera un almacén, anotaban en una libretita, y cada vez que (los demás municipios) pedíamos información, no había nada”.
Fuentes del Consorcio Metropolitano confirmaron que la empresa contratada a finales de 2023 para ejecutar la auditoría sobre la gestión anterior le puso fin la semana pasada a la etapa informativa, y ahora, los municipios miembros esperan el documento con las conclusiones de los auditores.
Macchiarola sostuvo que este informe mantiene expectantes a los intendentes del Gran Tucumán. “Cuando se decía que Yerba Buena mantenía una deuda (con el Consorcio Metropolitano), nos enteramos ahora que la anterior administración, que siempre se negó a realizar licitaciones públicas y a brindar datos concretos sobre los gastos efectuados, utilizaba este organismo para hacer obras en beneficio electoral de Germán Alfaro”, señaló.
Por otro lado, el intendente de Yerba Buena sostuvo que su distrito también impulsará, en paralelo, una auditoría externa. “Queremos saber en qué se han gastado los dineros de todos los municipios que integran el Consorcio Metropolitano. Ya tenemos el reconocimiento del propio Alfaro de que se usó (este organismo) para hacer obras para la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y no hay ninguna normativa que lo permita. Por eso, vamos a auditar esa gestión oscura de Argañaraz, quien fue nombrado por Alfaro”, agregó Macchiarola.
El Consorcio fue creado mediante ley en agosto de 2009. Hasta entonces, la competencia en materia de residuos era de la Provincia (regía la Ley 7.622, de 2005). Tras la modificación legislativa, se devolvió la responsabilidad a intendentes y comisionados en la gestión de la basura.
Con el actual sistema, los municipios socios (Capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Banda del Río Salí y Alderetes) y los adherentes (Lules y Bella Vista) deben girar mensualmente fondos para garantizar el funcionamiento y la prestación de los servicios de traslado y separación de los desechos en la planta de San Felipe y la disposición final en Overo Pozo.
La polémica surgió a finales del año pasado, cuando se difundió un informe en el que se detallaban las deudas de los distintos municipios (sólo la Capital estaba al día) con este organismo, a pesar de que la Provincia había girado los fondos necesarios a cada distrito.
