Tal como lo había anticipado esta mañana temprano en conferencia de prensa, el gobernador, Osvaldo Jaldo, firmó un decreto para frenar las peleas callejeras entre estudiantes tucumanos.
En los considerandos del Decreto 1.290/1 el mandatario argumentó que este tipo de incidentes «ponen en riesgo la vida y seguridad de quienes participan y del resto del alumnado que pertenece a una institución determinada, como así también de los ciudadanos que se encontraren en sus inmediaciones».
Recordó que en 2017 ocurrieron hechos similares que concluyeron con la muerte del joven Matías Albornoz Piccinetti, de 17 años, en el microcentro de San Miguel de Tucumán.
Agregó que «corresponde a la Provincia de Tucumán procurar los procedimientos y recursos necesarios tendientes a asegurar la paz social y la seguridad pública» y que «en tal sentido, resulta necesario instruir a la Policía de Tucumán a realizar todas las medidas preventivas y acciones disuasivas necesarias a esos fines».
Por su parte, señaló que «las instituciones educativas deberán implementar dentro de sus establecimientos las medidas tendientes a garantizar, la vigilancia de toda conducta, acto o situación de vandalismo; y a disponer las medidas disciplinarias pertinentes».
«Asimismo, corresponde instar a la comunidad y propiciar entre los integrantes del núcleo familia, conductas de respeto y compromiso con la ciudadanía y el resguardo del orden social. En este sentido, es necesario involucrar a los agentes públicos a coloaborar con la actividad del Estado para asegurar la correcta convivencia y el cumplimiento de los presupuestos mínimos de seguridad», sostuvo.
A continuación el gobernador instruyó al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Tucumán a adoptar las medidas preventivas de seguridad que fueren necesarias, con facultades para aprehender a los partícipes, instigadores y promotores de la perturbación del orden público y ponerlos a disposición del Poder Judicial.
Además instruyó a los establecimientos educativos -de gestión publica y privada- a los que pertenezcan los alumnos involucrados a adoptar las medidas disciplinarias de expulsión, pudiendo la Provincia de Tucumán, en caso de tratarse de instituciones que reciban subsidios y aportes del Estado, disponer la quita de los subsidios.
«Tales alumnos no podrán ser admitidos en ningún otro establecimiento durante el presente ciclo lectivo», señaló en el decreto.
Mediante el decreto, Jaldo instruyó «a los padres o tutores de tales alumnos a involucrarse directamente en el asunto, pudiendo el Poder Ejecutivo adoptar sanciones disciplinarias en caso que resultaren agentes públicos provinciales, municipales y comunales; sin perjuicio de la responsabilidad civil que les corresponda», concluyó.
