En una sesión ordinaria encabezada por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, el Parlamento tucumano sancionó la Ley de Ficha Limpia, una iniciativa orientada a elevar los estándares de transparencia en el ejercicio de la función pública.
La norma es el resultado del análisis conjunto de seis proyectos, entre ellos una propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo, y establece restricciones para acceder y permanecer en cargos públicos para aquellas personas con condenas penales confirmadas en segunda instancia. Además, dispone la creación de un Registro Público Provincial de Ficha Limpia, de carácter abierto y gratuito, que permitirá a la ciudadanía consultar información relevante sobre los antecedentes de quienes aspiren a funciones estatales.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, Carolina Vargas Aignasse, remarcó el alcance de la medida al señalar que “Tucumán se suma a las provincias que ya cuentan con una legislación de ficha limpia”, y explicó que el régimen no solo alcanza a candidaturas electivas, sino también a cargos de designación con responsabilidades jerárquicas.
En ese marco, detalló que la ley contempla inhabilitaciones vinculadas a delitos dolosos graves con penas superiores a tres años, así como a figuras incluidas en normativas específicas, entre ellas la trata de personas, el genocidio y el incumplimiento de obligaciones alimentarias.
Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es la participación ciudadana. La legisladora destacó que cualquier persona o entidad podrá impugnar postulaciones o designaciones cuando se verifiquen causales previstas en la ley, a partir de la información disponible en el registro público.
Desde la oposición, el legislador Agustín Romano Norri valoró el consenso alcanzado y definió la aprobación como “un paso necesario para saldar una deuda de la política con la sociedad”. En esa línea, subrayó que el régimen amplía su alcance al incluir tanto cargos electivos como funciones ejecutivas en distintos niveles del Estado.
La normativa también establece la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas para quienes aspiren a cargos públicos y prevé la actualización permanente del registro con datos judiciales. Con estas herramientas, el nuevo marco legal busca consolidar mecanismos de control, promover la transparencia y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
