El juez federal Julián Ercolini dictó el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández por los delitos de lesiones leves y graves agravadas, así como amenazas coactivas, en el marco de una denuncia por violencia de género presentada por su ex pareja, Fabiola Yañez. Además, el magistrado ordenó un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes del ex mandatario, aunque le levantó la prohibición de salida del país.
Los fundamentos del procesamiento
Según la resolución de Ercolini, la investigación permitió acreditar “la existencia del carácter habitual y continuo” de la violencia ejercida por Fernández contra Yañez. Entre las pruebas clave, el magistrado destacó los mensajes de WhatsApp entre la pareja, imágenes aportadas por la víctima, testimonios de testigos e informes psicológicos que confirmaron un impacto significativo en la salud psíquica de Yañez.
El fallo subraya la “asimetría de poder” en la relación, considerando la posición política y pública de Fernández frente a la ex primera dama. “Dicha asimetría fue determinante para la configuración de las distintas violencias verificadas”, sostuvo el juez en su escrito de 184 páginas.
La defensa de Fernández y la respuesta de la Justicia
Durante su declaración indagatoria, el ex presidente negó los hechos y aseguró que, en realidad, él fue la víctima de agresiones dentro de la pareja. Incluso afirmó que los moretones de Yañez eran consecuencia de caídas producto de una supuesta adicción al alcohol. Sin embargo, el juez rechazó ese argumento y consideró que Fernández buscó “desvalorizar” a la víctima para desacreditar la denuncia.
Ercolini también analizó el contexto en el que se inició la causa. Los primeros indicios surgieron de una pericia en el teléfono de María Cantero, ex secretaria de Fernández, en el marco de otra investigación por corrupción en el manejo de seguros estatales. En los chats con Cantero, Yañez relataba episodios de violencia y enviaba imágenes de sus lesiones.
Las implicancias legales y futuras instancias del caso
Este es el primer procesamiento judicial que enfrenta Fernández tras dejar la presidencia. Aunque su defensa, encabezada por la abogada Silvina Carreira, puede apelar la decisión ante la Cámara Federal, la causa podría derivar en una condena de hasta 18 años de prisión.
Mientras tanto, el ex mandatario mantiene abierta otra investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión, lo que podría sumarse a sus problemas judiciales.
