A partir de julio, los senadores nacionales volverán a recibir un aumento salarial que llevará sus dietas a más de $9,5 millones mensuales. Se trata de una suba que se aplica de forma automática tras el acuerdo paritario cerrado entre los gremios del Congreso y las autoridades de ambas Cámaras, según la cláusula que los propios legisladores aprobaron en abril.
Ajuste en línea con la paritaria legislativa
El incremento se desprende del acuerdo rubricado esta semana por los presidentes del Senado, Victoria Villarruel, y de Diputados, Martín Menem, junto a los sindicatos ATE, UPCN y otras representaciones del personal legislativo. El entendimiento incluye una suba del 1,3% para los meses de marzo, abril y mayo.
Esta actualización impacta de forma directa en las dietas de los senadores debido al “enganche” paritario votado por ellos mismos el 18 de abril, en una sesión sin debate y a mano alzada. Según estimaciones, la suba representa unos $360.000 más respecto de lo que venían percibiendo. En caso de aplicarse con retroactividad, como ocurre con los empleados legislativos, la cifra final podría ser aún mayor.
El antecedente: descongelamiento habilitado en marzo
El 31 de marzo se concretó el descongelamiento de las dietas parlamentarias, decisión que se activó ante la falta de pronunciamiento por parte del Senado respecto a la prórroga del congelamiento dispuesta en agosto del año pasado. En ese entonces, Villarruel había firmado el decreto 27/24, que dejaba en suspenso cualquier aumento hasta el 31 de diciembre de 2024, siempre y cuando los senadores refrendaran el congelamiento. Pero eso no ocurrió, y el mecanismo quedó habilitado automáticamente.
Desde sectores cercanos a Villarruel sostienen que hubo intentos para frenar el enganche y evitar nuevos aumentos, pero no se logró el consenso necesario en la Cámara Alta. Incluso se buscó tratar el tema en la fallida sesión del 12 de diciembre, sin éxito.
Reacciones sindicales y críticas sociales
En paralelo al aumento para los senadores, los gremios legislativos emitieron un comunicado donde expresaron: “No podemos ser indiferentes a las urgencias económicas que atravesamos como sociedad”. Aun así, defendieron el acuerdo paritario, asegurando que continuarán “discutiendo y defendiendo los derechos laborales”.
La noticia genera nuevamente cuestionamientos en la opinión pública por el contraste entre los ingresos de los senadores y la situación económica de buena parte de la población. El nuevo piso de $9,5 millones mensuales coloca a los legisladores en una posición muy alejada de los salarios promedio del país, en un contexto marcado por la inflación, los recortes y la recesión.
El aumento se da, además, en un momento donde el oficialismo busca mostrar austeridad y predica con el ajuste. La actualización automática, votada por los propios beneficiarios, tensiona aún más el vínculo entre la dirigencia política y la sociedad.
