La normativa, enmarcada en la Ley 9.545, establece la incorporación de artículos específicos al Código de Contravenciones local. Esta reforma apunta a los adultos responsables que, tras la notificación de la escuela sobre actos de acoso de sus hijos, omitan la adopción de medidas para reparar el daño o evitar que la conducta se repita. Con esto, la Justicia busca un compromiso real de las familias en la convivencia educativa.
El cálculo de las sanciones económicas se basa en Unidades Fijas (UF). Con el aumento del valor de las UF previsto para enero, las multas alcanzarán sumas de entre $750 mil y $1,5 millones, en situaciones de gravedad. Antes de llegar a la sanción monetaria, podrían ordenarse tareas comunitarias por un plazo de hasta 30 días para los progenitores o tutores legales.
