Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Buenos Aires este miércoles 22 de octubre, partiendo desde la Plaza del Congreso hasta el Ministerio de Salud, en reclamo por la implementación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, ya aprobada por el Congreso.
La concentración incluyó familias, profesionales, concurrentes e instituciones, y la protesta fue la culminación de un cese involuntario de actividades que se extendió durante el martes y miércoles, y que tuvo réplicas en provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Salta, entre otras.
La preocupación principal del sector es la asfixia financiera y el consecuente deterioro de la calidad de vida de las personas con discapacidad. La movilización de más de ocho cuadras, en un clima de «resistencia, lucha y convicción», denunció que sin la actualización de aranceles, el sistema de prestaciones no se sostiene.
«Más de ocho cuadras colmadas marcharon unidas en un clima de resistencia, lucha y convicción. Porque sin actualización de aranceles, el sistema de prestaciones no se sostiene, y con ello se deteriora la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias», destacaron desde el Foro Permanente Discapacidad.
El sector alerta sobre el inminente colapso, con miles de puestos de trabajo en riesgo; con instituciones que ya debieron cerrar sus puertas; y transportistas y profesionales obligados a buscar otros empleos.
La crítica central apunta a la parálisis de los recursos asignados. A pesar de que la Decisión Administrativa del 24 de septiembre destinó $121 mil millones de pesos para la adecuación de aranceles del Sistema Único de Prestaciones, tanto la ANDIS como el Ministerio de Salud no liberan los fondos, no convocan a Directorio y mantienen deudas por los servicios ya prestados.
Antes del inicio de la marcha, el Coordinador del FORO Permanente, Pablo Molero, entregó formalmente una nota al Ministro de Salud, Dr. Mario Lugones, buscando asegurar su recepción, dada la falta de respuestas en movilizaciones previas.
La jornada concluyó con el canto del Himno Nacional, un acto simbólico de un pueblo que exige el fin del ajuste, la persecución y el abandono estatal.
«El Presidente de la Nación, Javier Milei, el Ministro de Salud, Dr. Mario Lugones, y el Interventor de la ANDIS, Dr. Alejandro Vilches, tienen la obligación de aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad. No hacerlo constituye un incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal) y una violación del principio de división de poderes establecido en la Constitución Nacional», indicaron desde el Foro.
