La Marcha Federal Universitaria se realizará este miércoles en numerosas provincias, incluido el Jardín de la República. Con la participación de docentes, estudiantes y autoridades, se concentrarán en la UNT y se movilizarán hacia la plaza Independencia.
Este miércoles, se llevará a cabo la segunda marcha federal contra las políticas de ajuste educativo impulsadas por el gobierno de Javier Milei. La principal concentración tendrá lugar en las inmediaciones del Congreso de la Nación en Buenos Aires, donde se espera una gran convocatoria de gremios, docentes, estudiantes y distintos sectores vinculados a la educación. No obstante, en provincias como Tucumán, también se organizarán protestas en rechazo a las medidas del gobierno nacional que afectan a la educación pública.
En Tucumán, la convocatoria está prevista para las 17 horas en el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), desde donde se movilizarán hacia la plaza Independencia. La marcha contará con la participación de docentes, gremios, sindicatos, autoridades universitarias y organismos de derechos humanos, todos unidos bajo el lema de defender la educación pública frente a los recortes presupuestarios.
Además de la UNT, también estará presente la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), cuyo decano, Rubén Egea, confirmó la participación de la institución. “Nos congregaremos a las 17 horas en nuestra sede local para luego unirnos a la movilización hacia la plaza Independencia, donde marcharemos junto a la UNT”, expresó Egea.
Por su parte, la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) también se sumará a la protesta y al paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). Desde el gremio provincial expresaron: “Este 2 de octubre alzamos la voz en defensa de nuestros derechos y de la educación pública. ¡Basta de ajuste!”.

Contexto nacional
En el ámbito nacional, la marcha tiene como objetivo principal visibilizar el malestar de la comunidad educativa frente a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Milei, las cuales afectan especialmente a las universidades públicas. La protesta llega en un contexto de creciente tensión, en el que gremios y estudiantes han denunciado que las medidas adoptadas por el gobierno buscan desfinanciar las instituciones educativas y reducir su capacidad operativa.
El gobierno de Milei, a través de escritos y declaraciones, ha argumentado que las universidades no administran de manera eficiente los recursos y que no son lo suficientemente transparentes en la rendición de cuentas. Además, han señalado que las universidades públicas representan un gasto desmedido que necesita ser ajustado para mantener la estabilidad financiera del país.
En su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), el secretario de Hacienda, Federico Sturzenegger, respondió a las críticas diciendo: “Para quienes mañana reflexionen sobre la educación superior, el aumento salarial en la administración pública hasta octubre fue del 68,2%, mientras que el de los docentes universitarios llegó al 81,4%”.
Perspectivas y tensiones políticas
En la Casa Rosada, el gobierno nacional prevé que la manifestación será significativa, y se percibe como un acto en contra de la gestión de Milei. En este sentido, algunos funcionarios han tildado a la protesta de “política”, argumentando que no se trata de una defensa legítima de la universidad pública, sino de una movilización en contra del gobierno bajo esa fachada.
Uno de los puntos más controvertidos en esta discusión es el financiamiento de las universidades. Desde el oficialismo, han sostenido que están dispuestos a aumentar los recursos asignados a las instituciones educativas, pero solo si el Congreso justifica claramente de dónde provendrán los fondos adicionales. Al respecto, el Ejecutivo ha expresado que su “problema no es con las universidades, sino con los políticos irresponsables”.
Por otro lado, la posibilidad de que el veto a la Ley de Financiamiento Universitario se concrete es una decisión que, según el Ejecutivo, se anunciará después de la marcha. Sin embargo, en el seno del gobierno reconocen que enfrentarán dificultades para que el veto se mantenga firme, ya que incluso algunos legisladores del PRO han mostrado reticencia a apoyar la medida. Si la ley se mantiene, el gobierno advierte que tendrán que recortar otros sectores, como la obra pública, para cubrir el gasto educativo.