En las últimas horas, se conoció que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, cesanteó a la exfuncionaria y actual concejal alfarista, Ana González, tras el sumario que se llevó adelante por distintas anomalías administrativas, entre la que se destaca la desaparición de una camioneta, durante su paso por la Dirección de Deportes y Recreación de la Capital entre 2016 y 2023.
La resolución 3371/SC fue firmada por la secretaria general de la Municipalidad Camila Giuliano, por el fiscal municipal Conrado Mosqueira y por la secretaria de Cultura Soledad Valenzuela, todos integrantes del gabinete de la intendenta Rossana Chahla (PJ).
Con esto, la Municipalidad de la Capital, aplicó la máxima sanción prevista por el Estatuto para el Personal Municipal, en la sede de 9 de Julio y Lavalle, por lo que González no permanecerá más a la planta municipal una vez que finalice su mandato como concejal del Partido por la Justicia Social, fundado y conducido por Germán Alfaro, exintendente capitalino.
En ese sentido, requirieron que la Contaduría General realice un informe sobre el daño patrimonial sufrido por el erario capitalino producto de la “desaparición del vehículo Chevrolet BVT-224, a los fines de su recupero”.
En el expediente iniciado contra Ana González, explicaron que “no ha podido dar una explicación fundada de los motivos de su incumplimiento a la obligación de presentar los inventarios 2019, 2020 y 2021 en tiempo y forma, ni tampoco de las inconsistencias del inventario 2022, ni del destino de los bienes muebles registrables (concretamente, la camioneta Chevrolet), que afirma habrían sido retirados de la repartición por pedido suyo, sin aportar prueba alguna que acredite sus dichos, las que son concretamente las imputaciones efectuadas en la formulación de cargos”.
González afirmó que este trámite fue producto de su rol como opositora en el Concejo Deliberante y, puntualmente, por haber votado de forma negativa el proyecto del Presupuesto municipal. En esa línea, la dirigente anticipó su decisión de recurrir a los tribunales. “Cuando esta concejal habla, habla por los vecinos; es decir, se pretende callar la voz de la ciudadanía. Buscaremos en la Justicia la libertad que se pretende coartar en la Municipalidad”, dijo la concejal a La Gaceta, que negó los cargos formulados, y aseguró que constituyen un intento de la intendenta Rossana Chahla de “silenciar mis reclamos sobre su oscura administración de recursos públicos y falta de transparencia”.
Las autoridades que firmaron la resolución refutaron el conjunto de presentaciones que había formalizado la concejal durante este tiempo. “Estamos en presencia de una serie de escritos de farragosa lectura y que carecen de fundamento legal, a la vez de manifestar un desconocimiento del procedimiento sumarial y de la normativa municipal que rige la materia”, señalaron. Y rechazaron que correspondiera en este proceso el desafuero de González como miembro del cuerpo vecinal. “Carece de cualquier fundamento jurídico e institucional”, enfatizaron.
Desestimaron a su vez que este proceso tuviera motivaciones políticas. “Las reiteradas observaciones que se le efectúan (a González) desde el órgano de control dependiente de Contaduría General (…) se efectúan, todas, durante 2023, y hasta la finalización del mandato del entonces Departamento Ejecutivo, del que ella misma formaba parte. En otras palabras, las inconsistencias señaladas por el departamento Patrimonial fueron con anterioridad a la asunción de las actuales autoridades”, señalaron.
Fuente: eltucumano
