fallo fue dictado este martes por el Juzgado Federal de Campana. El Ministerio de Capital Humano había anunciado que los iba a dar de baja para reconvertirlos en un sistema de vouchers. Cada beneficiario cobran cerca de $80 mil.
El Juzgado Federal de Campana le ordenó este martes al Gobierno mantener los pagos a 900 mil personas que forman parte del programa Volver al Trabajo, el cual el ministerio de Capital Humano habia informado a principios de abril que lo iba dar de baja para reconvertirlos en un sistema de vouchers.
«Hacer lugar a la medida cautelar impetrada por la parte actora y ordenar al Estado Nacional – Ministerio de Capital Humano que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres (3) días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva», señala la resolución dictada por el juzgado.
Entre los argumentos considerados, el tribunal considera que la finalización del programa sin un reemplazo adecuado afecta derechos fundamentales de sectores vulnerables: «El corte abrupto estatal de las prestaciones sin prever ni implementar medidas efectivas que lo reemplacen compromete los derechos de los trabajadores a condiciones dignas y equitativas de labor, a la seguridad social el acceso a un nivel de vida adecuado… y el disfrute del más alto nivel posible de la salud».
En este sentido, destaca que dichos beneficios tienen un «profundo contenido social» y prevén su culminación en este contexto puede resultar «arbitraria e irrazonable».
«La referencia genérica de vouchers destinados a capacitación, no aparece como una medida equivalente a las prestaciones monetarias que sus beneficiarios, personas en condición de vulnerabilidad, venían recibiendo, ni que éstos logren cubrir las prestaciones básicas que aquellas asignaciones mensuales atendían», consideró al momento de criticar nuevo sistema que planeaba implementar el ministerio de Capital Humano.
Para otorgar la cautelar, el juez determinó que «se vislumbra la urgencia y peligro en la demora por la finalización en el corriente mes de la prestación publicada el pasado 7 de abril en las redes institucionales del Ministerio de Capital Humano».
Sobre el final argumentó: «El requisito de la verosimilitud en el derecho se encuentra configurado… toda vez que el no hacer lugar a la medida con la premura que el caso amerita tornaría ilusorio el derecho alegado».
