La Justicia da un plazo de 48 horas para que el Ministerio de Capital Humano informe su plan.
En un fallo significativo, el juez en lo contencioso administrativo federal, Martín Cormick, ha ordenado al Ministerio de Capital Humano que, en un plazo máximo de 48 horas, presente un informe detallado sobre cómo se garantizará la distribución de alimentos a los comedores comunitarios. Esta decisión responde a un recurso de amparo colectivo interpuesto por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El reciente fallo especifica: “Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, íntimese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2) de dicha resolución”.
La medida se fundamenta en la cautelar emitida por el juez Walter Lara Correa, quien había fallado a favor del recurso de amparo colectivo, exigiendo que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores comunitarios. Esta acción judicial fue necesaria después de que organizaciones sociales denunciaran la interrupción en la entrega de alimentos a estos centros.
En medio del receso invernal, la Justicia decidió habilitar la feria judicial para asegurar el cumplimiento de la resolución que obliga al Gobierno a continuar con la entrega de alimentos.
Detalles de la Orden Judicial
Además de exigir el informe detallado, el fallo del juez Cormick incluye una orden explícita al Ministerio de Capital Humano: “El Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes”. Esto significa que no deben realizarse cambios en los programas existentes de distribución de alimentos sin asegurarse primero de que cualquier reestructuración o auditoría no afecte la continuidad del servicio.
La resolución también reconoce la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para reestructurar, revisar y auditar los diferentes programas, siempre y cuando dichas acciones resulten en mejoras para los beneficiarios.
El conflicto comenzó a principios de este año cuando la UTEP y el CELS reclamaron que el Gobierno había cesado la entrega de alimentos a comedores y merenderos. Estas organizaciones solicitaron la continuidad de las políticas sociales esenciales para garantizar la alimentación de las personas que dependen de estos servicios comunitarios.
