El máximo tribunal decidió que el juez federal no podrá asumir en la Corte Suprema sin renunciar a su cargo actual. Lijo, sin embargo, no piensa dimitir y esperará la aprobación del Senado.
Por mayoría, la Corte Suprema resolvió rechazar el pedido de licencia de Ariel Lijo en su juzgado federal, impidiendo así su asunción en el máximo tribunal sin antes renunciar a su actual cargo. La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla, mientras que Ricardo Lorenzetti optó por abstenerse.
En su resolución, los magistrados señalaron que el pedido de Lijo es incompatible con la doctrina constitucional vigente, la cual prohíbe la doble investidura judicial. Además, remarcaron que este rechazo no implica un pronunciamiento sobre la validez del decreto n.º 137/2025, por el cual el Poder Ejecutivo lo nombró en comisión. No obstante, la Corte dejó en claro que no le tomará juramento mientras continúe en su cargo en la justicia federal.
Un escenario incierto
Lijo fue designado en comisión por el Poder Ejecutivo junto con García-Mansilla, quien ya asumió como juez de la Corte la semana pasada tras un acuerdo entre Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. Sin embargo, la situación de Lijo quedó en una suerte de limbo jurídico luego del fallo adverso del tribunal.
Frente a este panorama, su futuro depende exclusivamente del Senado. La Cámara Alta deberá tratar su pliego para que pueda asumir de manera vitalicia. Si bien Lijo ya obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, el debate en el recinto aún no tiene fecha, y su designación se mantiene en suspenso.
Inicialmente, su postulación contaba con el respaldo suficiente, pero quedó en stand-by luego del escándalo vinculado a la criptomoneda $LIBRA, lo que llevó a sectores aliados y opositores a reconsiderar su apoyo.
Postura del Gobierno
El presidente Javier Milei defendió la constitucionalidad de los nombramientos en comisión por decreto, argumentando que la propia Corte convalidó esta práctica al tomar juramento a García-Mansilla. “La evidencia de que el nombramiento de García Mansilla por decreto es constitucional es que la Corte lo analizó y decidió tomarle juramento”, expresó el mandatario en una entrevista reciente.
Milei también criticó a quienes cuestionan esta medida, calificándolos de “ñoños republicanos”. Además, justificó su decisión en la demora del Congreso en aprobar los pliegos de los candidatos, los cuales fueron enviados en marzo del año pasado.
Precedentes y tensiones internas
El mecanismo de designación de jueces por decreto no es nuevo en Argentina. En 2015, el expresidente Mauricio Macri utilizó este método para nombrar a Rosatti y Rosenkrantz en la Corte Suprema. Sin embargo, ambos magistrados asumieron sus cargos solo después de obtener el acuerdo legislativo.
En este contexto, la situación de Lijo genera tensiones dentro del propio tribunal. Aunque García-Mansilla ya asumió su puesto, su nombramiento en comisión tiene un plazo máximo de un año, lo que refuerza la incertidumbre sobre su continuidad.
En las próximas horas, el Senado podría definir la suerte de Lijo y destrabar así un conflicto que mantiene en vilo a la Corte Suprema y al Gobierno nacional.
