La jueza Loretta Preska convocó a la Argentina y a los fondos demandantes en el juicio por la expropiación de YPF a una nueva audiencia el próximo 29 de julio, en el marco de la discusión por el acceso a documentos sensibles del Estado nacional. La decisión llega luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendiera de forma preventiva la ejecución del fallo que ordenaba entregar acciones de la petrolera estatal como parte de pago por una sentencia de US$ 16.000 millones.
El nuevo encuentro judicial buscará resolver si se habilita el “discovery”, es decir, el acceso de los demandantes a documentación que podría incluir activos embargables. En ese sentido, la magistrada otorgó dos semanas para que las partes intercambien escritos y definan qué información puede compartirse, con el objetivo de reducir tensiones. Mientras tanto, en la Casa Rosada descartan cualquier negociación por fuera del proceso judicial.
Apelaciones, suspensiones y riesgos financieros
La suspensión dictada por la Cámara no tiene plazo fijo y se mantendrá mientras el tribunal evalúa el recurso de apelación presentado por el Estado argentino. Según el documento judicial, los fondos demandantes (Burford Capital y Eton Park) deberán presentar su respuesta antes del 17 de julio, mientras que la Argentina tendrá tiempo hasta el 22 para replicar. La decisión final quedará en manos del panel de jueces disponible.
En el Gobierno insisten en que la ejecución de una sentencia parcial implicaría un “daño irreparable”, ya que los fondos litigantes han manifestado su intención de vender las acciones apenas las reciban. En ese contexto, la Procuración del Tesoro ya comenzó los trámites formales para apelar el traspaso accionario, y el oficialismo se prepara para llevar el caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, si fuera necesario.
Desde Balcarce 50 aseguran que cumplir con el fallo sin revisión judicial definitiva forzaría al país a violar sus propias leyes, desobedecer una orden extranjera o modificar su legislación, algo que el Gobierno considera inaceptable.
El origen del conflicto
El juicio se originó en 2015, cuando los fondos Burford y Eton Park adquirieron los derechos para litigar en nombre del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que poseía el 25% de las acciones de YPF al momento de su expropiación, en 2012. La demanda apuntó contra el Estado argentino por no haber hecho una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas luego de nacionalizar la parte de Repsol.
En septiembre de 2023, Preska falló a favor de los demandantes, condenando a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones, cifra que ya se incrementó a US$ 17.750 millones por los intereses acumulados. Ante la negativa del país a cumplir o acordar un pago, los fondos activaron una batería de presiones legales que incluyen la solicitud de acciones de YPF en manos del Estado como forma de cobro.
Repercusiones políticas y estrategia del Gobierno
La Casa Rosada celebró la decisión de la Cámara de dividir el caso en cuatro apelaciones separadas, lo que podría otorgar más tiempo para desplegar una estrategia legal. En paralelo, descartan reuniones informales o gestiones diplomáticas para alcanzar un acuerdo extrajudicial, y confían en que la Corte estadounidense termine revisando el fondo de la cuestión.
Mientras tanto, el Gobierno busca evitar que el foco del proceso pase al incumplimiento de la sentencia, lo que podría desencadenar sanciones diarias o nuevas órdenes judiciales.
El juicio por la expropiación de YPF sigue siendo una amenaza latente para las finanzas públicas y una muestra de los costos judiciales y económicos que arrastra la decisión de 2012. La nueva audiencia del 29 de julio será clave para definir el rumbo inmediato de la disputa legal más costosa que enfrenta hoy el Estado argentino.
