El gobernador firmó un DNU para remover al intendente Luis Campos y designar como interventor a Guillermo Norry. El caso tiene como trasfondo una investigación judicial por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El gobierno de Tucumán intervino este lunes el municipio de Juan Bautista Alberdi tras un fuerte escándalo institucional que involucra al intendente saliente, Luis Campos. La decisión fue oficializada por el gobernador Osvaldo Jaldo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en el que se designa como interventor a Guillermo Norry, un contador con trayectoria en la administración pública.
Motivos de la intervención
El detonante de la medida fue la difusión de un audio que comprometería a funcionarios municipales, incluido Campos, en presuntas maniobras de comercialización de drogas. En paralelo, esta madrugada se allanaron domicilios particulares y oficinas públicas, incluida la sede del municipio y el Concejo Deliberante. Los operativos fueron ordenados por la Justicia y ejecutados por fuerzas policiales y de Gendarmería.
“No vamos a permitir que en Tucumán haya funcionarios ligados al narcotráfico. Si hay responsabilidades institucionales, vamos a intervenir. No se puede conducir una ciudad en estas condiciones”, expresó Jaldo días antes de la firma del decreto.
Un nuevo interventor con mandato limitado
Guillermo Norry, exfuncionario de Banda del Río Salí y trabajador del Instituto de Previsión Social (IPSST), fue puesto en funciones esta mañana tras la lectura formal del DNU por parte del fiscal adjunto Raúl Ferrazzano, bajo supervisión notarial.
En su primer acto como interventor, Norry disolvió el organigrama del Ejecutivo local, en lo que describió como una medida clave para restablecer el orden legal e institucional. Según explicó el ministro del Interior, Darío Monteros, la intervención “garantiza la continuidad de los servicios municipales y la estabilidad del personal”.
Camino a nuevas elecciones
La intervención se ampara en el artículo 139 de la Constitución de Tucumán, que permite este tipo de acciones ante situaciones de “grave desorden institucional”. El plazo fijado es de hasta 180 días, durante los cuales se convocará a nuevas elecciones municipales, ya que aún no se cumplió la mitad del mandato actual.
Para que la intervención quede firme, la Legislatura deberá aprobar la medida y convertirla en ley en los próximos días.
Presencia del gabinete y toma de control
Durante la madrugada, varios ministros provinciales llegaron a Alberdi para garantizar la toma de control del municipio. Participaron Darío Monteros (Interior), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), además del jefe de Policía Joaquín Girvau y el fiscal Ferrazzano.
La situación en Alberdi se convirtió en el primer gran test institucional para el gobierno provincial en su ofensiva contra la connivencia política con el delito. Y anticipa una campaña electoral tensa para definir un nuevo rumbo en una ciudad golpeada por la desconfianza.
