Un llamado falso activó las alarmas en la Corte Suprema. La maniobra fue detectada a tiempo y frustrada por un empleado. No descartan motivaciones políticas.
Un nuevo episodio de ciberespionaje sacudió esta semana a la Corte Suprema de Justicia: un intento de hackeo al celular del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, fue frustrado por un empleado que detectó irregularidades en un llamado telefónico. El hecho ya es investigado por una fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y reaviva las alarmas por los riesgos de seguridad que enfrentan los jueces en la Argentina.
La maniobra y el intento fallido
Todo ocurrió el lunes 5 de mayo. Sebastián Matías Bustamante, empleado de la Dirección General de Gestión e Infraestructura de la Corte Suprema —el área que articula con las empresas de telefonía móvil—, recibió un llamado desde un número privado. Del otro lado de la línea, un hombre se presentó como empleado de Movistar y le dijo que una de las líneas judiciales había sido denunciada como robada. Le solicitó, con urgencia, el bloqueo y el código PIN asociado.
El procedimiento no le pareció habitual a Bustamante. Mientras escuchaba, buscó en el sistema interno de abonados del Poder Judicial y no encontró ninguna denuncia relacionada con esa línea. Tampoco reconoció al supuesto empleado: no era el gestor designado oficialmente por la empresa para atender ese tipo de trámites. Con suspicacia, cortó el llamado y alertó de inmediato a la Dirección de Seguridad de la Corte Suprema.
El blanco: el celular de Rosatti
La línea telefónica apuntada en el intento de estafa no era una cualquiera: pertenecía al propio presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Para los investigadores, el hecho no fue casual. No se trató de un intento masivo, sino de una maniobra puntual y dirigida.
Desde el entorno del magistrado recordaron que no es la primera vez que su seguridad personal o digital se ve comprometida. En los últimos años, Rosatti fue blanco de distintos episodios sospechosos: denunció intentos de duplicación de su línea telefónica, sufrió presuntos sabotajes en su vehículo oficial, e incluso registró intentos de ingreso no autorizados a su auto en la puerta misma del Palacio de Tribunales.
Un patrón que preocupa
En la Corte no descartan que el episodio forme parte de una estrategia más amplia de espionaje a jueces. De hecho, fuentes del Poder Judicial señalaron que el contexto es preocupante: “Es evidente que hay un patrón. Rosatti no es un juez más. Este tipo de maniobras, aunque frustradas, muestran un interés claro en vulnerar su intimidad y acceder a información sensible”.
La denuncia ya está en manos de una fiscalía porteña, que analizará el número desde el que se hizo el llamado y si hubo otras tentativas similares. Las autoridades judiciales no descartan que el intento esté vinculado a intereses políticos o de inteligencia paralela, en un contexto en el que la Corte Suprema ha tomado decisiones de alto impacto.
Ciberseguridad en el centro del debate
El caso vuelve a instalar el debate sobre la seguridad digital de las máximas autoridades judiciales del país. A diferencia de otros poderes del Estado, el Poder Judicial carece aún de protocolos estrictos y unificados para la protección de sus comunicaciones.
Lo cierto es que esta vez, el reflejo de un empleado evitó un posible acceso indebido al teléfono del juez más poderoso de la Argentina. Pero la advertencia quedó clara: los intentos no se detienen. Y la frontera entre el espionaje ilegal y la intromisión política parece cada vez más delgada.
