El Senado de la Nación fue escenario este miércoles de la defensa del catedrático Manuel García-Mansilla como candidato a la Corte Suprema. Durante la audiencia pública, que tuvo lugar en el Salón Azul, García-Mansilla destacó su amplia trayectoria académica y respondió a un exhaustivo cuestionario que le fue presentado tanto por la oposición dialoguista, en especial del bloque radical, como por senadores del kirchnerismo.
En su intervención, García-Mansilla desestimó insinuaciones sobre intenciones políticas o sesgos partidarios. En respuesta a Oscar Parrilli, senador del kirchnerismo, quien sugirió un posible sesgo antiperonista del candidato, García-Mansilla recordó sus críticas publicadas sobre la proscripción del peronismo y subrayó que sus posiciones no implican un rechazo hacia ningún partido político.
La audiencia, presidida por la senadora Guadalupe Tagliaferri, se desarrolló sin contratiempos y con un manejo adecuado de los tiempos. García-Mansilla se mostró firme al abordar preguntas sobre su relación laboral con una cámara de hidrocarburos, afirmando que cumplirá estrictamente con las normas de recusación.
Entre las definiciones más relevantes que ofreció, el candidato se pronunció sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 del Gobierno, afirmando que no puede opinar sobre un DNU en proceso de judicialización, aunque mencionó que podría considerarlo inconstitucional si el Estado no logra justificar su validez.
García-Mansilla también abordó el tema de la imagen negativa de la justicia, señalando que existen “problemas sistémicos” que requieren soluciones integrales. Ante la propuesta kirchnerista de que el Presidente debe ser el funcionario mejor pago, afirmó que tal medida podría contradecir el artículo 110 de la Constitución Nacional, que protege los salarios de los jueces.
Sobre el derecho a la protesta, el candidato defendió que este derecho es constitucional y puede estar sujeto a regulaciones razonables. También expresó su opinión sobre la legislación relacionada con el delito de negacionismo, destacando la robustez de la protección a la libertad de expresión en el contexto constitucional argentino.
Finalmente, García-Mansilla dejó claro que su intención es actuar con imparcialidad y respeto a las leyes vigentes, subrayando que los jueces no pueden ignorar las normas establecidas.
