El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este viernes que el Gobierno frenará las leyes aprobadas por el Senado, entre ellas el aumento a los jubilados, la reactivación de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, ya sea a través del veto presidencial o por la vía judicial. Sin embargo, intentó bajar el tono de confrontación del presidente Javier Milei con los gobernadores y abrió la puerta al diálogo: “No todos son lo mismo”.
En declaraciones a Radio Mitre, Francos afirmó que “hay algunos gobernadores que son austeros y otros que se dedican a gastar”, y aclaró que aún existen canales abiertos de comunicación: “No creo que esté todo roto. De hecho, conversamos permanentemente con los gobernadores y con algunos vamos a tener acuerdos electorales”.
Distensión luego del conflicto
Las palabras del funcionario llegan un día después del discurso de Milei en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde el mandatario acusó a los legisladores y a los jefes provinciales —sin nombrarlos directamente— de haberle clavado “un puñal por la espalda”, en referencia a la votación en el Senado. Allí anticipó su decisión de vetar las leyes y hasta advirtió que, en caso de que el Congreso lo rechace, el Gobierno “judicializará” la norma.
Francos tomó distancia de ese tono confrontativo, pero respaldó la estrategia oficial: “Ya explicamos muchas veces cuál era el costo de las reformas. Pensamos que la presión iba a tener otro resultado”. Además, confió en que podrán convencer a un tercio de los diputados o senadores para evitar que se ratifiquen las leyes, en caso de que avance el rechazo al veto presidencial.
Críticas a la legalidad del proyecto
El jefe de ministros también cuestionó el contenido de las normas sancionadas. En particular, apuntó contra el proyecto de aumento a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad: “No tienen indicado cómo se financian. Y eso no es legal”.
De esta forma, el Gobierno ratifica su estrategia de resistencia institucional ante cualquier iniciativa que comprometa el superávit fiscal, pero intenta recalibrar su discurso hacia una mayor prudencia política, especialmente ante la necesidad de sostener alianzas con parte del poder territorial.
Mientras tanto, el escenario en el Congreso permanece abierto. Todo indica que se avecina una nueva batalla legislativa —y posiblemente judicial— en torno a la sostenibilidad del ajuste y la legitimidad de las prioridades sociales.
