La sanción de la Ley de Ficha Limpia en Tucumán marcó un punto de inflexión en materia de transparencia institucional, con amplio respaldo legislativo y el reconocimiento, desde distintos sectores, del rol clave que tuvo la sociedad civil para impulsar su aprobación.
Uno de los referentes históricos de la iniciativa, José María Canelada, celebró la sanción y la definió como “un triunfo de la sociedad”, al destacar que durante años existió una demanda sostenida para impedir que personas con condenas accedan a cargos públicos. En esa línea, subrayó que el cambio de postura del oficialismo responde a la presión ciudadana: “Hubo una construcción colectiva muy fuerte que logró que esto finalmente se transforme en ley”.
Desde la oposición, el legislador Agustín Romano Norri valoró el avance, aunque planteó objeciones sobre la implementación. Consideró que la norma representa “una deuda de la política que empieza a saldarse”, pero advirtió que el sistema debe garantizar un control estrictamente judicial. “Es un paso adelante, pero buscamos que el registro sea automático y no dependa del poder político”, sostuvo, al expresar reparos sobre la órbita del organismo que administrará la base de datos.
En la misma línea, el legislador José Cano acompañó la aprobación y destacó el proceso que llevó a su concreción. “Es un avance importante que tiene su origen en el trabajo de la ciudadanía y en un reclamo que logró instalarse en la agenda pública”, afirmó. No obstante, advirtió que aún quedan desafíos pendientes en materia de calidad institucional, como reformas en el sistema electoral y en el financiamiento de la política.
La nueva normativa establece que no podrán ser candidatos ni ocupar cargos públicos quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos, e incorpora además un Registro Público Provincial de acceso abierto.
Si bien la aprobación fue celebrada como un avance significativo hacia mayores estándares éticos, las distintas miradas coinciden en que se trata de un primer paso dentro de un proceso más amplio de fortalecimiento institucional en la provincia.
