El Gobierno de Estados Unidos presentó su respaldo a la Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La administración de Donald Trump, a través del Departamento de Justicia, intervendrá ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York como “amicus curiae” en apoyo al pedido argentino para frenar la ejecución de la sentencia que obliga al país a transferir acciones de la petrolera estatal a los fondos Burford y Eton Park.
La medida norteamericana busca influir en la decisión del tribunal para suspender de forma definitiva la orden de la jueza Loretta Preska, quien falló a fines de junio a favor de los demandantes. La magistrada había ordenado la entrega inmediata de acciones como forma de pago por la sentencia dictada en septiembre de 2023, que impone a la Argentina una indemnización de USD 16.100 millones por la estatización de YPF realizada en 2012.
Aunque la ejecución de esa orden fue suspendida temporalmente tras una apelación argentina, el litigio sigue abierto y en una etapa clave. Según el analista Sebastián Maril, el apoyo estadounidense apunta a sostener esa suspensión mientras se resuelve la apelación. No obstante, aclaró que no se extiende al fondo del fallo ni modifica el monto de la condena.
Cronograma judicial: definiciones en los próximos días
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York aceptó revisar el planteo. Ahora, el proceso continúa con este calendario:
- 17 de julio: Burford deberá presentar su oposición al pedido argentino de mantener la suspensión de la entrega de acciones.
- 22 de julio: la Argentina responderá con sus argumentos.
- Luego se designará a los tres jueces que integrarán la sala encargada de resolver la cuestión.
La Cámara podrá fallar en cualquier momento luego de completado ese intercambio, aunque no tiene plazos establecidos. Si decide a favor de la Argentina, la orden de Preska quedará en pausa hasta que se resuelva la apelación de fondo. Si la rechaza, la obligación de entregar las acciones volverá a estar vigente.
Una pulseada que puede extenderse hasta 2026
El conflicto legal se originó en 2013, cuando Burford y Eton Park adquirieron los derechos de litigio del Grupo Petersen, antiguo accionista de YPF. El reclamo se basa en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al nacionalizar el paquete accionario de Repsol, no extendió una oferta similar a los demás accionistas, incumpliendo el estatuto de la compañía.
Pese a que Argentina ya apeló la condena millonaria, aún no hay fecha para una definición final, y algunos analistas estiman que el fallo definitivo podría llegar recién en 2026.
Mientras tanto, el respaldo del Departamento de Justicia norteamericano representa un respiro político para el Gobierno argentino en una causa de alto impacto económico y estratégico. La pulseada por YPF continúa abierta, pero ahora con un nuevo aliado clave en escena.
