Jubilados se manifestaron este miércoles en la sede de PAMI en Tucumán, con el objetivo de ser recibidos por autoridades y exponer reclamos vinculados a prestaciones y servicios. Durante la protesta, se vivieron escenas de tensión en el acceso al edificio.
En medio de la concentración, se produjeron empujones y forcejeos entre manifestantes y personal de seguridad, situación que quedó registrada en videos difundidos en redes sociales. El episodio se da en un contexto de dificultades en la atención, en paralelo a medidas de fuerza que afectan al sistema.
Lo que comenzó como un reclamo legítimo por el derecho básico a la salud derivó en momentos de extrema tensión cuando los afiliados, cansados de la desidia administrativa, intentaron ingresar al edificio para exigir respuestas. La respuesta del Estado, lejos de la contención que amerita una población vulnerable, fue el choque físico. El desorden terminó con un efectivo policial herido y denuncias cruzadas de agresiones, pero el trasfondo sigue siendo el mismo: una gestión nacional que parece entender la eficiencia fiscal únicamente como el recorte sistemático sobre quienes menos tienen para defenderse.
La política de «motosierra» que pregona el Gobierno de Javier Milei ha encontrado en el PAMI un blanco predilecto, desfinanciando a los prestadores y empujando a los jubilados a un laberinto burocrático donde los turnos no existen y los remedios se vuelven lujos. Al ajustar los ingresos de los médicos de cabecera por debajo de la línea de flotación, la administración central garantiza el colapso del servicio, utilizando a los profesionales como chivos expiatorios de una crisis diseñada en los despachos porteños. Para el jubilado tucumano, la libertad prometida se parece demasiado al abandono en la puerta de un consultorio cerrado.
Resulta cínico que, mientras desde la Capital Federal se celebran superávits financieros, en las provincias los ancianos deban marchar bajo el sol para mendigar una receta o una interconsulta. Los incidentes de hoy son el síntoma de una sociedad que está llegando al límite de su paciencia; no se puede exigir orden social cuando se rompe el contrato más básico de protección hacia la tercera edad. La violencia física que se vio en la sede de calle Córdoba es solo el reflejo de la violencia institucional que implica quitarle el médico a quien trabajó toda su vida para tener una vejez digna.
Hacia el mediodía, la Infantería logró despejar la zona y la atención administrativa intentó retomar una normalidad inexistente, pero el daño ya está hecho. El paro médico continúa y, con él, la incertidumbre de miles de tucumanos que hoy regresaron a sus casas sin la medicación o el tratamiento que necesitan para seguir viviendo. El Gobierno nacional deberá decidir si su prioridad es seguir exhibiendo planillas de Excel impecables o si, por una vez, pondrá la mirada en la realidad humana de una provincia que ya no soporta más el peso de un ajuste inhumano.
