La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) decidió suspender de manera preventiva la afiliación de cuatro diputados que respaldaron el veto presidencial de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria. Los legisladores sancionados son Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba) y Pablo Cervi (Neuquén), quienes cambiaron su postura inicial y ayudaron a que el veto se mantuviera.
La decisión, encabezada por Gastón Manes, presidente de la Convención Nacional, se tomó luego de que estos diputados, que inicialmente apoyaron la ley en junio, decidieran votar en contra de su ratificación tras reunirse con Milei en Casa Rosada. El hecho de haber cambiado su voto fue interpretado como una grave «inconducta partidaria», lo que llevó a la suspensión de sus afiliaciones y la remisión de sus casos al Tribunal Nacional de Ética del partido.
La Convención también puso bajo análisis a los diputados Roxana Reyes (Santa Cruz) y Gerardo Cipollini (Chaco), quienes se ausentaron en la sesión y, aunque no votaron, su ausencia fue vista como una colaboración indirecta para el fracaso de la jugada opositora.
Crisis interna en la UCR
La actuación de estos legisladores ha generado una nueva crisis interna en el partido, especialmente en la bancada de diputados. La UCR había promovido originalmente la ley que garantizaba un ajuste de 8,1% de inflación nominal en los haberes jubilatorios, pero el apoyo al veto de Milei debilitó la postura del partido. La Convención Nacional, en su resolución, calificó el cambio de postura como un «grave daño a la credibilidad y honor del partido».
A partir de ahora, el Tribunal de Ética del radicalismo deberá analizar los casos, lo que podría derivar en sanciones más severas, como la expulsión definitiva de los legisladores. Mientras tanto, el radicalismo busca evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse y trabaja en la creación de una mesa de diálogo para garantizar una postura unificada en el futuro.
