El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, una medida que buscaba ampliar los recursos económicos para las universidades públicas del país. El veto fue oficializado este jueves mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, donde el Gobierno explicó que la ley «no contempla el impacto fiscal» y advirtió sobre el aumento significativo en el gasto público que implicaba.
La decisión del Ejecutivo llega tan solo horas después de una multitudinaria movilización federal que reunió a estudiantes, docentes y gremios universitarios en varias ciudades del país, en reclamo de más fondos para las universidades y mejores condiciones salariales para el personal académico.
Los motivos del veto
El decreto firmado por el presidente Milei sostiene que el proyecto de ley aprobado por el Congreso significaba un incremento presupuestario de $251.907 millones solo hasta agosto de 2024. Además, el texto afirma que la ley otorgaba un privilegio salarial al personal universitario en comparación con otros trabajadores del sector público, lo que contradecía el marco normativo de negociación colectiva.
El Gobierno justificó el veto argumentando que la medida sancionada establecía un aumento del 87% en los salarios universitarios entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, frente a un 78% para el resto del personal de la administración pública en el mismo período. “Los incrementos salariales deben acordarse en el marco de la negociación colectiva”, insistió el Poder Ejecutivo.
Reacciones y críticas a la medida
La decisión del Gobierno generó controversia, ya que muchos ven el veto como una respuesta directa a la marcha federal universitaria, donde miles de personas se movilizaron en defensa de la educación pública. Desde la Casa Rosada, se cuestionó lo que denominaron como un “irresponsable proyecto de aumento del gasto público” y se criticó el apoyo de referentes opositores como Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta, quienes participaron de la movilización.
“El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto 2025”, señaló un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, que también destacó su compromiso con el objetivo de alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la estabilidad económica del país.
Mientras tanto, los gremios universitarios advierten que el veto a la ley deja sin solución una problemática clave: la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en el sector. Según la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun), el Ejecutivo reconoció que los sueldos están un 50% por debajo de la inflación, pero hasta ahora no ha presentado una propuesta concreta para revertir esta situación.
Por su parte, el Ministerio de Educación adelantó que están dispuestos a discutir aumentos salariales y mejorar las condiciones presupuestarias para el 2025, aunque esto no ha frenado el malestar entre los trabajadores y estudiantes universitarios, que ven en el veto un retroceso en la defensa de la educación pública.
La polémica en torno al financiamiento universitario promete seguir escalando, especialmente en un contexto donde la demanda por mayores recursos en el sistema educativo se ha vuelto una bandera central de distintos sectores sociales y políticos.
