El portavoz presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno vetará de manera total la reforma jubilatoria aprobada recientemente por el Senado, desestimando cualquier posibilidad de negociación para un veto parcial. La ley, impulsada por la oposición, busca modificar la fórmula de movilidad jubilatoria, pero ha sido duramente criticada por el presidente Javier Milei, quien acusa a los legisladores de «populismo fiscal».
Adorni aclaró en una rueda de prensa en Casa Rosada que «la decisión está tomada» y no habrá ningún tipo de acuerdo para modificar el veto. Este anuncio llega en medio de un clima de tensión política, tras semanas difíciles para el oficialismo en el Congreso. Aunque algunos sectores de la oposición sugirieron que un veto parcial podría evitar un nuevo conflicto legislativo, Adorni fue categórico: «El veto va a ser total».
El proyecto de ley establece una actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y propone una compensación extra para los jubilados. Sin embargo, el Gobierno sostiene que esta ley implicaría un gasto adicional del 1,2% del PBI, lo que obligaría al Estado a contraer más deuda.
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En relación al tiempo que tomará el presidente para oficializar el veto, Adorni explicó que hay un plazo de 10 días hábiles para proceder, y que la decisión se tomará dentro de ese marco. El portavoz también defendió las políticas actuales del Gobierno, asegurando que «las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales desde enero».
El ex presidente Mauricio Macri expresó su apoyo al veto de Milei, destacando la importancia de proteger a los jubilados y las futuras generaciones de lo que considera una medida populista. Macri recordó que muchos de los senadores que hoy apoyan la reforma fueron los mismos que se opusieron a la venta de empresas estatales deficitarias durante su mandato.
Finalmente, Adorni también se refirió a la situación económica, afirmando que la industria aún muestra signos de retraso en la recuperación, aunque algunos indicadores comienzan a mejorar. Negó que el incremento de tarifas tenga un impacto duradero en la inflación, atribuyendo los aumentos de precios a la política monetaria más que a factores aislados como el costo de servicios públicos.
