En una intensa jornada legislativa, el Gobierno de Javier Milei logró este miércoles blindar su veto a la ley de financiamiento universitario en la Cámara de Diputados. A pesar de que la oposición reunió 160 votos a favor de la norma, no alcanzó los dos tercios necesarios para revertir la decisión presidencial. El resultado final fue 160 votos a favor del veto, 84 en contra y 5 abstenciones.
El oficialismo se benefició de la colaboración de mandatarios dialoguistas, la ausencia de varios diputados y cambios inesperados en las posturas de algunos legisladores. Entre los votos a favor se incluyeron los de los tres diputados tucumanos que responden al gobernador peronista Osvaldo Jaldo, quienes habían votado en contra de la ley en la primera votación en agosto.
Sin embargo, las dos diputadas sanjuaninas del bloque Producción y Trabajo, alineadas con el oficialismo, votaron en contra del veto, argumentando que lo hacían «por convicción». Por su parte, los cuatro diputados misioneros que habían respaldado la ley anteriormente, decidieron abstenerse esta vez, lo que favoreció al Gobierno en términos de números.
La jornada también se caracterizó por ausencias clave. Cuatro diputados estaban ausentes por razones justificadas, pero la falta de otros, como la catamarqueña Fernanda Ávila y el chubutense Jorge Ávila, resultó decisiva. Según informaron fuentes cercanas, Jorge Ávila habría votado a favor de la ley de financiamiento.
Votos a Favor y Críticas a la Gestión
Los legisladores que apoyaron la insistencia en la norma criticaron el impacto del veto, señalando que el Gobierno está desfinanciando el sistema educativo. Rodrigo De Loredo, jefe de la bancada de la UCR, subrayó que la medida es un «nuevo golpe a las víctimas del terrorismo» y acusó al Gobierno de priorizar intereses políticos por sobre la educación pública.
El veto presidencial había sido justificado en base a consideraciones de equilibrio fiscal. Según el decreto de Milei, el proyecto de ley no contemplaba el impacto fiscal y no especificaba la fuente de financiamiento.
La Ley y su Impacto Presupuestario
La ley de financiamiento universitario incluía la actualización del presupuesto de las universidades, vinculada a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y la recomposición de salarios para docentes y no docentes. El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso estimaba un impacto fiscal de aproximadamente $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI.
A medida que se desarrollaban los eventos en la Cámara de Diputados, el Gobierno continuó su intento de negociar con los gremios universitarios, pero aún no había logrado un acuerdo satisfactorio entre las partes.
Con el veto blindado, el oficialismo ahora debe enfrentar las consecuencias políticas y sociales de esta decisión, en un contexto donde las universidades nacionales han expresado su preocupación por el futuro de la educación pública en el país. La lucha por el financiamiento y la calidad educativa sigue siendo un tema candente en la agenda nacional.
