La iniciativa impulsada por Patricia Bullrich busca endurecer penas y desarticular el financiamiento de las barras
El Gobierno nacional acelera el envío al Congreso de un proyecto de ley que busca tipificar a las barrabravas como organizaciones criminales. La iniciativa, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya está en la Secretaría de Legal y Técnica y forma parte de las medidas que el Ejecutivo pretende implementar tras los incidentes ocurridos en la marcha de los jubilados frente al Congreso.
El proyecto, que estaba en análisis desde diciembre, propone sanciones de dos a cuatro años de prisión para quienes transporten armas o revendan entradas de protocolo. También contempla penas de hasta seis años de cárcel para dirigentes de clubes que entreguen entradas a grupos violentos.
Además, la norma busca desarticular los negocios ilegales vinculados al fútbol, como el control de estacionamientos en las inmediaciones de los estadios y la reventa de entradas. Según fuentes del Gobierno, el objetivo es cortar las fuentes de financiamiento de las barras y reforzar las herramientas de control en los estadios.
Mayor control y restricciones en los estadios
Otro de los puntos clave de la iniciativa es el endurecimiento del régimen de inhabilitación administrativa, que permitirá impedir el ingreso a los estadios de personas imputadas por delitos. Esto se enmarca dentro de las sanciones que el Gobierno busca aplicar a los manifestantes detenidos durante los incidentes en el Congreso.
El Ministerio de Seguridad está investigando los antecedentes de los detenidos y sus posibles vínculos con las barras bravas. Según trascendió, se están analizando imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los responsables de los disturbios.
Bullrich, respaldada por el Gobierno
La ministra Patricia Bullrich recibió apoyo dentro del oficialismo tras los cuestionamientos por el accionar de las fuerzas de seguridad en el Congreso. Desde la Casa Rosada afirmaron que su actuación era la esperada ante lo que consideran una «marcha política con intenciones desestabilizadoras».
Además, el Gobierno incluirá en una denuncia penal información sobre supuestas concentraciones previas a la marcha en municipios gobernados por el peronismo, como Lomas de Zamora y La Matanza. También apuntarán contra la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los detenidos.
El Ejecutivo espera que el proyecto sea tratado con urgencia en el Congreso y confía en lograr apoyo de distintos sectores para su aprobación.
