El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, anunció un incremento salarial del 6,8% para el personal docente y no docente de las universidades nacionales. Esta medida llega en un momento de creciente tensión entre el Gobierno y el sector educativo debido al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, que ha generado protestas y tomas de facultades.
Detalles del aumento salarial
El comunicado oficial del Ministerio informó que el aumento se desglosa en un 5,8% adicional al 1% previamente acordado para el mes de octubre. De esta manera, los salarios del personal universitario se equipararán con los del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), alcanzando también a los empleados administrativos y profesionales de la Administración Pública Nacional. Además, se activará la Garantía Salarial Docente para los educadores de categorías más bajas, lo que representa un alivio para aquellos con menores ingresos.
El comunicado destaca: «Pese al rechazo gremial, se otorgará el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional, en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas». Este esfuerzo se enmarca en un contexto en el que el Gobierno busca aplacar la tensión social y académica generada por la falta de consenso en torno al financiamiento de las universidades.
El contexto de conflicto
El anuncio de este aumento salarial llega en medio de una fuerte disputa entre el Gobierno y las universidades nacionales, luego de que el presidente Javier Milei vetara la Ley de Financiamiento Universitario. Esta ley había sido aprobada en el Senado el 12 de septiembre con el apoyo de sectores de la oposición, pero fue vetada el 3 de octubre, lo que desató una ola de protestas y movilizaciones. La ley proponía una actualización del presupuesto de las universidades en función de la inflación, el dólar y las tarifas de servicios públicos, con un impacto fiscal estimado en $738.595 millones.
Tras el veto, estudiantes y docentes universitarios organizaron una masiva Marcha Federal Universitaria en todo el país para exigir la restitución de la ley. Además, en varias facultades, como las de Psicología y Filosofía y Letras de la UBA, se llevaron a cabo tomas estudiantiles como medida de fuerza en rechazo al veto y en defensa de la educación pública.
El rol del PRO en la votación del Congreso
En paralelo, el PRO, principal partido opositor, ha mostrado su apoyo al veto presidencial. Este respaldo es crucial para el oficialismo, que necesita entre 85 y 87 votos en la Cámara de Diputados para evitar que el veto sea rechazado. En caso de que los diputados logren los dos tercios necesarios, la ley de financiamiento podría reinstaurarse, algo que el Gobierno busca evitar.
El PRO, liderado por Mauricio Macri, ha subrayado la necesidad de convocar a un diálogo urgente con los gremios universitarios para alcanzar un acuerdo y resolver el conflicto. Además, en un comunicado, el partido opositor pidió que se incluyan las necesidades de las universidades en el proyecto de Presupuesto 2025, dando prioridad a la financiación educativa. También solicitaron la derogación de una resolución del exprocurador Carlos Zannini y pidieron que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) participe en la auditoría de las universidades para mejorar la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
La postura del Gobierno
El Gobierno ha defendido su decisión de vetar la ley argumentando que no contemplaba el impacto fiscal ni determinaba la fuente de financiamiento para el aumento del presupuesto universitario. A través del decreto 879/2024, el Ejecutivo sostuvo que la medida sancionada por el Congreso “es manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente”.
A pesar del conflicto, el Gobierno también reiteró su compromiso con las universidades nacionales y con los estudiantes y docentes. «Este aumento es un esfuerzo más para priorizar el salario y mantener la calidad educativa», expresó Pettovello en el comunicado del Ministerio de Capital Humano.
