El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que los incendios forestales que afectan a la región fueron provocados intencionalmente y forman parte de un plan coordinado. Afirmó que existen pruebas que vinculan a los responsables con grupos radicalizados que operan en Argentina y Chile.
Cronología de los incendios y acusaciones del gobernador
En una conferencia de prensa en Esquel, Torres realizó un repaso de los hechos ocurridos desde el 2 de enero, cuando se anunció el desalojo de una ocupación ilegal en el Parque Nacional Los Alerces. Desde entonces, se registraron múltiples focos de incendio que destruyeron miles de hectáreas de bosque nativo, dejaron a más de 200 familias sin hogar y provocaron la muerte de una persona en El Bolsón.
“Los incendios fueron intencionales y vamos a exponer los vínculos de los responsables. Estos delincuentes generaron angustia, temor y una pérdida irreparable de recursos naturales”, sostuvo el mandatario provincial.
Torres aclaró que los acusados no representan a las comunidades originarias de la región y diferenció entre “grupos violentos” y el pueblo mapuche-tehuelche, con quienes, según él, el gobierno provincial mantiene una convivencia pacífica.
Investigación y detenciones
Como parte de la investigación, se realizaron 12 allanamientos en Esquel, Corcovado y El Maitén. En los operativos se incautaron armas de fuego, explosivos de fabricación casera y material inflamable. Además, fueron detenidas tres personas, entre ellas Victoria Dolores Núñez Fernández, a quien se sindica como autora material del atentado incendiario en la estancia Amancay, en Trevelin.
El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, afirmó que la investigación detectó la presencia de personas con vínculos con grupos extremistas chilenos. Según explicó, en los allanamientos se encontró un “polígono de tiro” utilizado para entrenamientos paramilitares.
“Era fundamental que nadie se enterara de los operativos. En ocasiones anteriores, cuando llegaban grupos de policías a Esquel, los allanamientos ya eran de conocimiento público y los involucrados alcanzaban a destruir pruebas”, señaló Iturrioz.
Por su parte, el procurador general de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, confirmó que el Ministerio Público Fiscal tiene suficiente evidencia para continuar con las imputaciones. “No estamos frente a un hecho aislado. Hay una organización detrás de estos incendios”, aseguró.
Vínculos con la RAM y grupos chilenos
Torres y el ministro Iturrioz vincularon a los detenidos con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), liderada por Facundo Jones Huala, y con otras agrupaciones extremistas del sur de Chile. Según la información oficial, el ataque a la estancia Amancay fue reivindicado el 23 de enero por la Facción Autónoma de Liberación Mapuche Puelwillimapu, una organización que llamó a un “levantamiento armado” contra el Estado argentino.
Además, la fiscalía detectó la participación de Bianca Millán, hija de Moira Millán, referente de la autodenominada “resistencia mapuche-tehuelche”. Moira Millán había advertido en redes sociales que el desalojo de Los Alerces “iba a traer muerte”, lo que el gobierno provincial interpretó como una amenaza directa.
Torres insistió en que estos grupos no representan a los pueblos originarios y reiteró que el gobierno provincial seguirá adelante con la investigación.
La situación actual y próximas medidas
Desde el 2 de enero se registraron más de diez incendios intencionales en la región. Según el gobernador, el patrón de ataques comenzó tras el desalojo de Los Alerces, siguió con focos en Epuyén, Trevelin y Esquel, y culminó con los recientes incendios en El Bolsón, donde murió un poblador local.
“Nunca en la historia de Chubut tuvimos tantos focos en tan poco tiempo. Lo primero es llevar tranquilidad a la gente. Ya sabemos quiénes son, ya están detenidos y la investigación va a seguir hasta que paguen por lo que hicieron”, afirmó Torres.
El gobierno provincial anunció que ampliará las denuncias para recuperar tierras ocupadas ilegalmente y que coordinará acciones con las autoridades de Chile para investigar los posibles vínculos internacionales de los acusados.
