Este viernes el gobernador Osvaldo Jaldo realizó dos importantes anuncios a consecuencia de los problemas sufridos por los cortes de luz en la última semana. En conferencia de prensa, precisó que firmó un DNU para intervenir el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept). Con esta medida la provincia buscará tener una marcada presencia en el organismo de contralor para exigir que las empresas prestatarias brinden un buen servicio a los tucumanos.
Jaldo tomó la determinación ayer, tras escuchar los múltiples reclamos por los cortes de suministros que sufrieron miles de usuarios de EDET. Tras una breve comunicación con el ministro de Economía, Daniel Abad, el gobernador le aseveró “Hay que tomar una decisión; demasiadas quejas de la sociedad más allá de las cuestiones del calor” y posteriormente le comunicó que él será el interventor del organismo.
La norma firmada por todos los ministros del gabinete provincial será enviada a la Legislatura para su tratamiento. De esa manera, se formalizó la intervención que será ejercida por el propio Abad durante los próximos 120 días. De esa manera, se desplazó de sus puestos a los ahora ex directores del organismo de control Luis Morghenstein y Beatriz Bordinaro de Peluffo.
El ministro de Economía, en su nuevo rol de interventor, irá a primera hora del lunes a tomar posesión del cargo en el Ersept. Una de las primeras acciones que encarará será la reformulación del área de mesa de entradas, donde llegan las quejas de los usuarios de los servicios de electricidad y de agua. Además, requerirá un amplio informe acerca de los planteos formulados por los clientes de las compañías distribuidoras respecto de eventuales daños a aparatos por efecto de los cortes.
Paralelamente, junto con un cuerpo de abogados y de contadores, profundizará el análisis del contrato que la Provincia firmó con EDET.
En el entorno del titular de Economía y Producción hay un concepto que se fortalece: más allá de que las dificultades que existan en la generación y en el transporte de la electricidad, la que debe dar respuesta tanto al Gobierno como a los usuarios es la distribuidora, quien mantiene una relación contractual con la provincia. Luego se deslindarán responsabilidades, puntualizan los allegados al ministro.
Abad tiene en claro que lo primero que hay que transmitir es una respuesta a la queja ciudadana por la prestación del servicio de electricidad. Reconoce las dificultades propias en la prestación por efecto de la meteorología, pero advierte que ya en otros momentos hubo dificultades que obligaron a diseñar un esquema de emergencia para el uso del servicio.
El DNU planteará “la urgente necesidad de asegurar el estricto cumplimiento de los derechos de los usuarios”. Además expresará que es el Ersept el organismo que debe controlar esa situación y que ahora requiere de una reformulación para que las acciones del Estado tengan una mayor efectividad y celeridad posible.
La intervención, como se formula en la legislación vigente, suele ser transitoria y excepcional. Nada asegura que en 120 días se logre el objetivo inicial propuesto. Por esa razón, puede ser prorrogada.
Fuente: LG
