Por Luciana Bolognini. Para La Proclama
En el ámbito de la salud, el derecho dejó hace tiempo de ser un recurso excepcional al que se recurre solo cuando el conflicto ya está instalado. Hoy constituye un pilar estructural del sistema sanitario, indispensable para garantizar la seguridad jurídica de los médicos, la estabilidad institucional de clínicas y sanatorios, y la efectiva protección de los derechos de los pacientes.
La práctica médica se desarrolla en un contexto cada vez más complejo: avances tecnológicos constantes, mayor acceso a la información por parte de los pacientes, judicialización creciente de la medicina y un entramado normativo amplio que regula desde la relación médico-paciente hasta la organización y responsabilidad de las instituciones de salud. En este escenario, la ausencia de asesoramiento jurídico especializado no solo expone a riesgos legales, sino que impacta directamente en la calidad del servicio de salud.
Para los profesionales médicos, el derecho cumple una función esencial de prevención y protección. No se trata únicamente de la defensa ante una eventual demanda por mala praxis, sino de acompañar la práctica cotidiana: correcta confección de la historia clínica, elaboración adecuada de consentimientos informados, encuadre legal de las decisiones médicas complejas y resguardo de la responsabilidad profesional. Una práctica médica jurídicamente ordenada es, en sí misma, una práctica más segura.
En paralelo, el derecho también cumple un rol fundamental en la tutela de los derechos de los pacientes, especialmente a través de la acción de amparo en salud. Este mecanismo constitucional se ha convertido en una vía clave para garantizar el acceso oportuno a prestaciones médicas, medicamentos, tratamientos de alto costo o coberturas que, en muchos casos, son indebidamente negadas por obras sociales y empresas de medicina prepaga.
El amparo en salud no es un privilegio ni un abuso del sistema judicial; es la respuesta jurídica frente a situaciones donde el tiempo es un factor determinante y donde está en juego el derecho a la vida, a la integridad y a la salud. Su correcta utilización exige, sin embargo, criterio técnico, conocimiento del sistema sanitario y un equilibrio entre el derecho individual y la sostenibilidad del sistema de salud.
Pensar el derecho de la salud de manera integral implica abandonar la lógica del conflicto permanente y avanzar hacia una cultura de prevención, asesoramiento continuo y trabajo interdisciplinario. Médicos, instituciones y abogados especializados no deben verse como actores enfrentados, sino como aliados estratégicos en la construcción de un sistema de salud más seguro, eficiente y humano.
En definitiva, el derecho no obstaculiza la medicina: la ordena, la protege y la fortalece. Comprender su importancia y aplicarlo de manera adecuada es una necesidad impostergable en un contexto sanitario cada vez más exigente y judicializado.
Luciana Bolognini
Abogada
Especialista en Derecho a la Salud
