Activistas y organizaciones que impulsaron la sanción de la Ley 27.610 que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) rechazaron el proyecto presentado por legisladores del oficialista La Libertad Avanza para derogarla, al remarcar que se trata de «un derecho que es una cuestión de salud pública» y advertir que «quieren distraer reabriendo este debate saldado para no ocuparse de lo urgente: el hambre y la desocupación».
La iniciativa fue presentada el lunes por la diputada Rocío Belén Bonacci, acompañada con las firmas del presidente de la bancada libertaria, Oscar Zago, junto a Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine y Manuel Quintar, aunque este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que el proyecto para derogar la ley sancionada en 2020 «no es parte de la agenda» del presidente Javier Milei y «no está impulsada» desde el Poder Ejecutivo.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresó su rechazo a través de la red social X: «A días de la gran derrota política del gobierno de Milei en el Congreso, se presentó un proyecto con la intención de derogar la Ley 27610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo».
Y agregaron: «Nos quieren distraer reabriendo este debate saldado para no ocuparse de lo urgente: el hambre y la desocupación. Ya lo hemos dicho y lo repetimos, ni un paso atrás sobre nuestros derechos. No pasarán. Es ley, y va a seguir siendo ley».
Consultada por Télam, Patricia Bustamente, integrante de la Campaña, consideró que de ser aprobado ese proyecto de ley «implicaría la vulneración del deber del Estado de no regresividad en materia de derechos humanos, al que se ha comprometido a través de la firma de distintos tratados en la materia, que complementan con jerarquía constitucional nuestra normativa en virtud del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional».
«Fueron años de lucha los que llevaron al reconocimiento de un derecho que es una cuestión de salud pública, derechos humanos y justicia social. En este estado generalizado de ajuste y avance sobre los derechos, las y les feministas seguimos en las calles, en el Congreso, en las aulas y en todos los lugares posibles, nunca nos fuimos», agregó.
Además, Bustamante manifestó que «no sólo establece la derogación de la Ley de IVE, sino que plantea un retroceso en materia de derechos incluso peor al del Código Penal de 1921, ya que el proyecto plantea la eliminación en las causales de embarazo producto de violación y cuando la salud de la persona gestante se encuentra en riesgo».
Según datos del proyecto Mirar, 250.000 personas accedieron a un aborto legal y seguro en instituciones públicas de salud en todo el país desde que la Ley IVE fue promulgada el 14 de enero de 2021, además impactó en la disminución de embarazos de niñas y adolescentes y en la mortalidad materna, tal como publicó Télam a mediados de enero.
«En estos tres años de la Ley 27.610 la mortalidad materna por aborto continuó su descenso. También disminuyeron los embarazos a término en niñas y adolescentes, muchos de los cuales son producto de abuso sexual», dijo en esa oportunidad a Télam la médica Mariana Romero del equipo de Mirar, que monitorea, desde la sociedad civil, la implementación de la norma, en base a datos oficiales.
