Desde 2018, toda persona mayor de edad es considerada donante salvo manifestación contraria. La Ley Justina y la necesidad de transformar el dolor en una segunda oportunidad.
Este 30 de mayo se conmemora en todo el país el Día Nacional de la Donación de Órganos, una fecha que busca visibilizar la importancia de un gesto que puede salvar vidas. En Argentina, 7.378 personas aguardan actualmente un trasplante, según registros actualizados a mayo de 2025. La cifra pone en evidencia una realidad que requiere no solo un marco legal claro, sino también decisiones conscientes y solidarias por parte de la sociedad.
Desde la sanción de la Ley 27.447, conocida como Ley Justina, en julio de 2018, el sistema argentino cambió su paradigma: todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes presuntos, a menos que hayan manifestado expresamente lo contrario. La norma fue impulsada tras la muerte de Justina Lo Cane, una niña de 12 años que falleció a la espera de un corazón. Su historia se transformó en símbolo de lucha y conciencia social.
Donar: un acto individual con impacto colectivo
“La donación de órganos es un tratamiento que se indica en situaciones límite. Cualquiera de nosotros podría estar en esa lista de espera. Y también cualquiera puede ser la oportunidad para otra persona”, reflexionaron profesionales del Hospital Italiano de Buenos Aires, que integran la Unidad de Procuración de órganos y tejidos.
Para registrar la voluntad afirmativa o negativa de donar, existen varias vías: firmar un acta en INCUCAI, utilizar la app Mi Argentina, manifestarlo al tramitar el DNI, o enviar un telegrama gratuito por Correo Argentino. Pero más allá del trámite, hay un paso esencial: comunicar la decisión en el entorno familiar. Esa conversación puede ser clave para que se respete la voluntad cuando llega el momento.
El caso de niñas, niños y adolescentes
La legislación cambia cuando se trata de menores. En esos casos, la donación solo puede realizarse si hay autorización de al menos uno de los progenitores o tutores legales. Si existe desacuerdo entre ellos, no se avanza. Si no hay adultos disponibles, el Ministerio Pupilar puede intervenir para habilitar el procedimiento. Ya no se requiere una orden judicial, salvo que haya una causa penal activa.
Este marco busca agilizar procesos que en el pasado se veían obstaculizados por la burocracia, con consecuencias irreversibles para quienes esperaban un órgano. La ley también obliga al sistema de salud a brindar acompañamiento emocional e información clara a las familias que enfrentan estas decisiones.
Un compromiso social que se construye
“Como sociedad, ya dimos un paso enorme al sancionar por unanimidad esta ley. Pero todavía hay desafíos por delante”, sostuvo la doctora Susana Bauque, coordinadora hospitalaria de procuración de órganos.
Cada donación implica un entramado sensible de decisiones, dolor y esperanza. Y en ese cruce, el sistema legal, la infraestructura sanitaria y la voluntad de los ciudadanos deben funcionar como una red sólida. Porque elegir donar es, en definitiva, elegir dar vida en el momento más difícil.
