El presidente Javier Milei enfrenta su jornada más crítica desde que asumió el cargo, tras promover en sus redes sociales la criptomoneda $LIBRA, un proyecto que dejó pérdidas de 87 millones de dólares a 44 mil inversores. La oposición, liderada por Unión por la Patria (UP), anunció este lunes un pedido formal de juicio político contra el mandatario, mientras se multiplican las denuncias penales por «asociación ilícita» y «megaestafa». El escándalo, bautizado como #LibraGate, ya traspasó fronteras y ocupó portadas de medios internacionales como The New York Times.
Todo comenzó el viernes por la noche, cuando Milei publicó en sus redes un mensaje respaldando a $LIBRA, un token presentado como herramienta para «financiar emprendedores». La criptomoneda, desarrollada por Kip Network Inc. —empresa cuyo CEO, Julian Kip, se reunió con el presidente en octubre de 2024—, colapsó horas después de su promoción, afectando a más de 40 mil usuarios. Aunque Milei borró el posteo y aseguró no estar «interiorizado de los pormenores», la oposición no dio tregua: «Es un delito de estafa sin precedentes. El Presidente debe responder ante el Congreso», declaró el bloque de UP en un comunicado acompañado por figuras como Cristina Fernández, Martín Lousteau (UCR) y Elisa Carrió (Coalición Cívica).
El pedido de juicio político, respaldado también por gobernadores como Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja), deberá ser tratado por la Comisión Permanente de Juicio Político de Diputados. Sin embargo, el proceso enfrenta un obstáculo: desde abril de 2024, la comisión carece de autoridades válidas tras un conflicto entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, y sectores opositores. La situación solo podría regularizarse a partir del 1 de marzo, cuando se reanuden las sesiones ordinarias.
Mientras tanto, las denuncias penales se acumulan. La primera fue presentada por un grupo de abogados y organizaciones sociales, quienes acusan a Milei de ser «partícipe necesario» en una «asociación ilícita». «Promocionó un proyecto fraudulento con su imagen, generando confianza falsa en los inversores», señaló Jonatan Baldiviezo, uno de los denunciantes. Agustín Rombolá, líder de la juventud radical, adelantó que presentará otra querella esta semana.
La respuesta oficial: entre investigaciones y críticas
Desde el Gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, restó importancia al juicio político: «Pedir destitución por un tuit es exagerado. Fue una bomba atómica para dañar al Presidente», afirmó en declaraciones radiales. No obstante, la Oficina Anticorrupción (OA) —órgano estatal— ya abrió una investigación, aunque sectores oficialistas como el PRO pidieron «profundizarla» sin avalar la remoción de Milei. «Rechazamos este camino: él reconoció el error y actuó», sostuvo el diputado Diego Santilli, aliado de Mauricio Macri.
Repercusión global y futuro incierto
El caso trascendió a nivel internacional. The New York Times publicó este domingo un artículo titulado «Líder argentino genera críticas tras el colapso de la criptomoneda que promovió», donde destacó la «tormenta política» desatada tras la caída de $LIBRA. Según el medio, la moneda subió brevemente tras el respaldo presidencial, pero se desplomó en horas, generando desconfianza en el mercado.
Con el inicio de sesiones legislativas a la vuelta de la esquina, el futuro de Milei dependerá de cómo se resuelva el entramado político y judicial. Por ahora, la Casa Rosada insiste en calmar las aguas: «Confiamos en que la Justicia demuestre la inocencia del Presidente», cerró un asesor presidencial bajo anonimato.
