El fiscal Taiano ordenó medidas sobre líneas telefónicas y geolocalización. La causa avanza también en Estados Unidos
La investigación judicial por la presunta estafa con la criptomoneda $Libra sumó esta semana un nuevo capítulo. El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a las principales compañías de telefonía móvil del país información sobre las líneas que hayan pertenecido desde enero de 2024 al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros imputados en la causa. La medida apunta a rastrear vínculos y posibles comunicaciones vinculadas al lanzamiento del criptoactivo.
Medidas sobre líneas y localización
El pedido del fiscal incluye a las empresas AMX Argentina (Claro), Telecom Personal y Telefónica Móviles (Movistar), y alcanza también a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, todos ellos señalados como impulsores locales del proyecto cripto.
Además, Taiano ordenó una medida de geolocalización sobre la línea asociada al empresario estadounidense Hayden Mark Davis, supuesto creador del token $Libra, quien habría mantenido al menos un encuentro con Javier Milei en Casa Rosada a comienzos de este año.
El avance de la causa y la participación de las víctimas
El expediente judicial, que se tramita en paralelo a una investigación en Estados Unidos, analiza una posible estafa financiera a través de la emisión y promoción del token digital $Libra. Según las denuncias, decenas de personas habrían sido perjudicadas tras invertir en el activo que se presentó como una moneda respaldada y vinculada a figuras del gobierno nacional.
En las últimas horas, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que los damnificados pueden presentarse como querellantes en el proceso. Con la firma de los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, el tribunal rechazó un recurso extraordinario presentado por Novelli y Terrones Godoy que buscaba impedir la participación de las víctimas y acceder a la Corte Suprema.
Implicancias institucionales y judiciales
El llamado “Libra Gate” comienza a escalar como un caso que combina elementos de la política, la tecnología financiera y la transparencia institucional. La solicitud de información sobre los teléfonos del presidente y su entorno directo pone por primera vez al mandatario formalmente bajo el radar judicial, aunque todavía no haya imputaciones concretas en su contra.
Desde el oficialismo se limitaron hasta ahora a minimizar el caso. Sin embargo, los movimientos de Taiano y la validación de la Casación podrían marcar un cambio de rumbo en el desarrollo del expediente.
Mientras tanto, la causa sigue sumando medidas patrimoniales y solicitudes de información internacional, en lo que podría convertirse en uno de los escándalos judiciales más sensibles para el actual gobierno.
