En la mañana de ayer, Alberto Lebbos – padre de una víctima de femicidio – denunció que la causa sobre su hija se encuentra paralizada hace cuatro años. José María Canelada tomó medidas ante tal situación. El legislador presentó un proyecto de resolución, a fines de que el Ministerio Público Fiscal informe sobre las acciones realizadas en pos de avanzar en la pesquisa.
Paulina Lebbos, estudiante tucumana de Ciencias de la Comunicación, desapareció en 2006. Tras dos semanas, su cuerpo inerte fue hallado en la localidad de Tapia, hacia un costado de la Ruta 341. Se trata de uno de los casos más conocidos de la provincia, al cual nunca se le dio un cierre. En ese entonces, la Corte Suprema sentenció que se debía continuar la investigación del crimen. Hoy, el padre de la joven de 24 años afirma que realmente no hubo progreso.
“En aquella oportunidad se ordenó investigar a 40 personas, entre ellas a José Alperovich, por distintos delitos: encubrimiento agravado, falso testimonio, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público” señaló Alberto Lebbos. “Se abrieron 21 expedientes que están en el Ministerio Público Fiscal. Pasaron cuatro años y no hubo ningún tipo de avance”. Agregó que, pese a sus “innumerables” gestiones, no obtuvo respuesta por parte del organismo dirigido por el ministro fiscal Edmundo Jiménez. Todo esto, en una reunión con la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, llevada a cabo el pasado jueves 13.
Frente a lo expuesto, el legislador Canelada expresó: “Las causas que se pisan no se pisan porque sí. Lebbos se refirió a 40 personas que debieran estar siendo investigadas, varias de ellas con pasado o presente en la función pública.” En esa línea, lamentó que el Poder Judicial de Tucumán esté “absolutamente cooptado” por el poder político, que estaría “protegiendo a sus amigos”. Aseguró, en relación a ello, que “siempre la hipótesis que hubo en torno al homicidio de Paulina es que estaba comprometido al poder político. Esta no es cualquier causa”.
Con el proyecto presentado, se espera que Jiménez brinde la información correspondiente a la Legislatura. Esto debido a que Canelada afirma que el Poder Legislativo debe cumplir un rol de observación institucional para que se haga justicia. Asimismo, se emitieron otros dos pedidos, con el objetivo de que tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio de Defensa entreguen informes anuales sobre el efectivo cumplimiento de sus tareas.
“De 49 legisladores, 36 responden al oficialismo. Tienen la mayoría. Pueden convocar al fiscal para que explique lo que está pasando, pueden dictar normas de transparencia, pueden ejercer control. Es calamitoso el estado en que se encuentra el Poder Judicial y eso fue una decisión política de Alperovich en adelante. Tienen los números para poder cambiar esta situación”, sentenció el legislador opositor.
