Ricardo Ascárate presentó este lunes su renuncia a la intervención del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT). La decisión fue confirmada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien anticipó que firmará el decreto aceptando su dimisión. En su reemplazo asumirá Eduardo «Lalo» Cobos, exdefensor del Pueblo de Tucumán, quedando al frente del organismo regulador.
La renuncia fue presentada en medio de un conflicto institucional que el dirigente de origen radical mantuvo con la subinterventora del organismo, Ingrid Lausberg. A través de expedientes, las dos principales autoridades del organismo mantuvieron un cruce de desacuerdos y acusaciones, tal como explicó días atrás Tendencia de Noticias.
La subinterventora había intimado a Ascárate a cesar «toda orden, instructivo o requerimiento directo» que prescinda de su firma. La intimación fue iniciada el 22 de julio y quedó asentada bajo el número 4217/390-L-2026. Sin embargo, el ahora exinterventor había rechazado los términos de la intimación el día siguiente. Así, solicitó que no se dé curso a la nota administrativa de Lausberg.
El origen del conflicto se encuentra en la Nota N° 159/2026. Se trata de un pedido de informe sobre la situación de revista de 13 agentes que fue promovida por la Intervención. La subinterventora había calificado esa gestión de «incompetencia, usurpadora delegación de funciones y posible configuración de delitos contra la Administración Pública».
Tres meses antes, la Legislatura había ratificado la creación del cargo de subinterventor/a en el ERSEPT. El nombre elegido para ocupar ese nuevo puesto fue el de Ingrid Lausberg, quien había sido desplazada en 2025 de la Vicepresidencia de Canal 10. Aun así, su designación estuvo sellada por los cuestionamientos. En la sesión legislativa, la oposición presentó sus críticas al nuevo cargo y desató cruces con el oficialismo provincial.
Ascárate, por su parte, había asumido la Intervención del ente en mayo de 2024. «Recuperar este ente regulador como un organismo de control que beneficie a los usuarios, defendiendo sus intereses y asegurando la accesibilidad y calidad del servicio», había marcado como su principal objetivo en su asunción.
