El oficialismo logró aprobar el proyecto que autoriza el plan de pago a los dos últimos grupos de acreedores con demandas activas contra el Estado.
«Generalmente en esta conciliaciones lo tiene que pagar el Estado», acotó Benegas Lynch.
Por otro lado, resaltó el hecho de que «los acreedores se hayan comprometido a no hacer nuevas acciones legales»
«¿Qué pasa si no la aprobamos? Los acuerdos conciliatorios se caen y se reactivan todas las medidas de litigio y se empiezan a acelerar las instancias judiciales», explicó.
A su turno, el diputado nacional de Unión por la Patria Itai Hagman advirtió que se trata de «un paso más de un procedimiento que tiene un único objetivo: volver a endeudar a nuestro país».
El economista de Patria Grande cuestionó el proceso de negociación: «El Estado argentino negoció una sentencia con fondos buitres sin saber sobre qué título estaba negociando, se enteró después».
Y agregó: «Nos enteramos más de este proceso de negociación que lleva adelante el estado argentino por el reporte del Fondo Monetario Internacional que por los funcionarios argentinos».
Sobre el marco legal, Hagman recordó que «hay una ley vigente en la Argentina que dice que no se le puede dar un trato preferencial a un grupo minoritario por sobre la mayoría de los acreedores».
Por último, alertó: «¿Qué creen que va a generar esto que estamos discutiendo hoy, si no es un nuevo ciclo de endeudamiento y, por lo tanto, una nueva crisis financiera en nuestro país?».
En tanto, Miguel Pichetto (Encuentro Federal) ratificó su rechazo al proyecto de ley al sostener que «este acuerdo, con estas dos firmas (Bainbridge y Attestor), no específica si el financiamiento surge de endeudamiento nuevo, de renta generales, de reasignación de partidas o de cualquier otra fuente”.
“Esto es un juego del sector financiero, de los ‘traders’, donde las comisiones no están en la superficie, están ocultas y nos venden que no se cobran honorarios”, reprochó.
Pichetto considerpo que “esta ley carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley 24.156 (Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional) y también el decreto del propio presidente de la Nación que dice que no puede haber ninguna partida sin que se le asigne correspondientemente el gasto en el Presupuesto nacional”.
El diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola ratificó que el planteo de su sector político es el de «romper con el FMI y el desconocimiento soberano de la deuda».
«Este acuerdo con los fondos buitre marca el precdente de nuevas deudas con jurisdiccción extranjera», alertó.
El jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, criticó que desde el Gobierno «no informaron el monto original de los bonos», lo que hubiera permitido dilucidar si el monto de 170 millones de dólares a abonar es el correcto.
«La comparación debe hacerse con el valor de adquisición. Insisto en que hay que estudiar el perfil de la deuda y recordar que el kirchnerismo pagó las deudas reestructuradas e intereses, como incluso reconoce (el presidente Javier) Milei», siguió.
«Debemos discutir estos temas seriamente, defender los intereses nacionales y no los de los fondos buitres, como hicimos en las reestructuraciones de 2005 y 2010 y al cancelar la deuda con el FMI», finalizó el santafesino.
