El Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A.) y Democracia en Red denuncian que el Estado maneja de forma indebida los datos personales de la población. Asimismo, indican que la situación podría agravarse durante el período electoral. Por ello, estas organizaciones sin fines de lucro presentaron un amparo colectivo que busca declarar inconstitucional la Decisión Administrativa 431/2020. La jueza Cecilia de Negre, encargada del Juzgado 8, se ocupará de la causa.
Debido a la pandemia de COVID-19, en 2020 el gobierno creó la aplicación “Cuidar”. Esta requería la carga de datos personales, laborales y sanitarios por parte de los ciudadanos. En un comienzo, su función era tramitar permisos de circulación en el contexto de aislamiento social. Más tarde, la app fue reemplazada por “Mi Argentina”, que se mantiene activa hasta la fecha, definiéndose como un “perfil digital con el Estado argentino”.
En ese marco, el 22 de marzo de aquel año, la Jefatura de Gabinete de Ministros sancionó la Decisión Administrativa 431/2020. Según figura en el Boletín Nacional, esta norma establece que “las jurisdicciones, entidades y organismos de la Administración Pública Nacional deberán transferir, ceder, o intercambiar entre sí y bajo la supervisión de la ‘Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional’ los datos e información que, por sus competencias, obren en sus archivos, registros, bases, o bancos de datos, con el único fin de realizar acciones útiles para la protección de la salud pública, durante la vigencia de la emergencia en materia sanitaria ampliada por el Decreto N°260/20, con motivo de la pandemia por coronavirus COVID-19″.
O.D.I.A. y Democracia en Red no están de acuerdo con que, aun con una situación sanitaria muy distinta de la de tres años atrás, esta y otras reglamentaciones similares permanezcan vigentes. Señalan que ello da lugar a que el gobierno recolecte, trate y transfiera datos de la población entre sus diversos organismos. Las ONG consideran que se trata de un peligro que atenta contra la democracia, por lo que pretenden dejar sin efecto la resolución, decretando su inconstitucionalidad.
Los denunciantes advierten, además, que el riesgo se incrementa al encontrarnos transitando un año de elecciones, sobre todo presidenciales. Según los mismos, la información recopilada podría emplearse en asuntos políticos. Sostienen que la administración pública cuenta con una inmensa base de datos ciudadanos, cuyo manejo posibilita el incidir en la voluntad de los votantes.
“El verdadero problema de la cantidad enorme de datos reales que tienen sobre vos, son los datos que se deducen a partir de esos”, expresan las organizaciones en sus cuentas oficiales de Instagram. “Saben dónde trabajás, cuánto ganás, qué afinidades políticas tenés, qué causas te interpelan, qué productos comprás, qué publicás en RRSS, con qué personas te relacionas…”, explican. “Con esos perfiles se infieren comportamientos, ‘se predice’ qué es lo que podés llegar a hacer” y “con estas conclusiones, y bajo la sábana de ‘ garantizar la seguridad nacional’, el Estado puede prohibirte asistir a eventos, publicar opiniones, circular libremente o meterte preso/a”.
En otra publicación en conjunto, O.D.I.A. y Democracia en Red manifiestan la necesidad de una “nueva Ley de Datos Personales”. Aclaran que esta debería garantizar que: los datos sean usados para lo cual se dio consentimiento, se informe sobre el control de datos propios, se pueda saber si se dedujeron o infirieron nuevos datos, los ciudadanos puedan reclamar si sus derechos se vieron afectados por el uso de datos inferenciales. “El uso de nuestros datos por parte del Estado o privados implica una violación a los derechos humanos. Viola tu derecho a la privacidad, a la autodeterminación informativa y a la libertad de expresión”.
