La jueza Loretta Preska resolvió que el Estado argentino deberá transferir en un plazo de 14 días el 51% de las acciones clase D de YPF a los demandantes que obtuvieron un fallo favorable por la expropiación de la petrolera en 2012. La decisión judicial, emitida desde el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, representa un nuevo revés para la Argentina en el multimillonario litigio internacional.
El fallo se enmarca en la sentencia de septiembre de 2023, cuando Preska condenó al país a pagar US$16.000 millones por no haber respetado el estatuto de YPF al momento de nacionalizar la participación de Repsol, sin extender esa oferta a los restantes accionistas minoritarios.
Un fallo contundente y sin posibilidad de nuevos argumentos
Según se detalla en el escrito judicial, la magistrada concedió el pedido de los demandantes y negó la solicitud del Gobierno argentino de realizar nuevos alegatos orales. Dispuso que las acciones estatales deben ser depositadas en una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon (BNYM) y, desde allí, transferidas a los beneficiarios del fallo o a quienes estos designen.
“El Estado argentino deberá instruir la transferencia en el plazo de un día hábil desde que las acciones sean depositadas”, sentenció Preska, dando por concluida la causa en su tribunal.
Las consecuencias de no depositar la garantía
Expertos señalan que esta decisión pudo haberse evitado si, al asumir el actual gobierno, la Argentina hubiera presentado una garantía judicial para suspender los embargos durante el proceso de apelación. “Esto debía haberse hecho en enero de 2024. No ocurrió, y la ley estadounidense habilita a embargar activos en consecuencia”, explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors.
Entre los activos más codiciados por los demandantes figuraban justamente las acciones estatales en YPF. Con la resolución de Preska, se concreta un paso clave en ese objetivo. El país, sin embargo, ya anunció que apelará, por lo que el conflicto continuará su curso ante la Corte de Apelaciones.
Un caso con múltiples frentes abiertos
Actualmente, Argentina mantiene tres apelaciones activas en el juicio por la expropiación de YPF: la presentada por la ONG RA4ARG para anular la sentencia, la apelación contra la condena financiera dictada en 2023, y ahora la apelación que se prevé frente a esta orden de transferencia de acciones.
El origen del conflicto
La disputa se remonta a la expropiación de YPF en 2012, impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Si bien se llegó a un acuerdo de compensación con Repsol, principal accionista de entonces, el resto de los inversores no recibieron un trato similar. Ese fue el eje central del reclamo judicial, liderado por fondos internacionales que compraron los derechos de litigio de Burford Capital.
Con este nuevo capítulo, el juicio por YPF se convierte en uno de los mayores pasivos judiciales en la historia argentina a nivel internacional, y sus consecuencias —financieras y políticas— aún están lejos de cerrarse.
