El lunes por la noche, estudiantes de las facultades de Psicología y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidieron tomar ambas sedes en rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, firmado por el presidente Javier Milei la semana pasada.
La medida se extenderá hasta el miércoles 9 de octubre, cuando el Congreso de la Nación realizará una sesión especial para debatir si mantiene o revierte la decisión del presidente. El veto se hizo oficial apenas un día después de la masiva marcha universitaria realizada en defensa del financiamiento de la educación superior.
A través de un comunicado en redes sociales, los estudiantes de Filosofía y Letras informaron sobre la toma y señalaron que la movilización tiene como objetivo exigir a los legisladores que ratifiquen la ley de financiamiento universitario. «La preocupante situación de las Universidades Nacionales nos reafirma en nuestra exigencia a los diputados y diputadas para que mantengan la aprobación de la ley en la sesión del próximo miércoles», expresaron.
Durante la toma, se llevarán a cabo clases públicas y actividades abiertas, y se garantizará que aquellas materias que requieran espacios específicos puedan acceder a las aulas necesarias, según informaron las autoridades de la facultad. Además, se aseguró que se resguardará el patrimonio del edificio y se protegerá la seguridad de docentes, no docentes y estudiantes.
La ley de financiamiento universitario había sido aprobada el 12 de septiembre en el Senado con el apoyo de bloques como la UCR, el kirchnerismo, federales y algunos senadores del PRO. La iniciativa prevé la actualización del presupuesto universitario conforme a la inflación del año anterior y establece una indexación bimestral basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el dólar y las tarifas de servicios públicos. También contempla una recomposición salarial para los trabajadores universitarios.
El veto de Milei se justificó bajo el argumento de que la ley «no contempla el impacto fiscal de la medida ni determina la fuente de su financiamiento», según el decreto 879/2024.
